La licencia de primera ocupación que el Ayuntamiento de Alberic concedió en 2008, con Enrique Carpi como alcalde, a una finca que carecía de transformador eléctrico -a fecha de hoy continúa sin luz- le puede salir un pico. El consistorio ya ha desembolsado 23.000 euros a una propietaria que acudió al juzgado reclamando una indemnización por no haber podido ocupar ni explotar la vivienda, pero no es la única condena. El consistorio ha recurrido una segunda sentencia que reconoce el derecho de otros dos propietarios a ser indemnizados. Los titulares de otros tres pisos también han interpuesto demandas en las que reclaman una compensación millonaria. A la espera de que se celebre el juicio se encuentra Mª Dolores Berenger, la única propietaria que ha residido en la finca sin luz durante prácticamente dos años.
Su demanda, al igual que la del titular de otros dos pisos, se apoya en la primera condena que el consistorio ya ha hecho efectiva. El fallo estimó la indemnización en base al precio de un alquiler de 350 euros, el más económico de los barajados, multiplicado por los meses en que la titular no había podido ocupar ni explotar la vivienda. En el caso de Mª Dolores Berenguer, como ya informó Levante-EMV, reclama una compensación de 75.000 euros, de los que 15.000 corresponden a la merma de ingresos por no haber podido alquilar la vivienda, a los que añade otros 60.000 por daños morales. El propietario de otros dos pisos -cabe señalar que 12 de las 19 viviendas están en manos del Sareb o banco malo- también ha reclamado una indemnización.
Por otra parte, los titulares de otras dos viviendas ganaron un primer pleito en el juzgado de primera instancia que condenó a la promotora, declarada en rebeldía ya que no se presentó, a devolverles 151.000 euros al considerar que la falta de suministro eléctrico era motivo de resolución del contrato de compraventa, más otros 27.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La promotora, no obstante, según coinciden varios vecinos, ha desaparecido como empresa. Estos afectados interpusieron con posterioridad un contencioso contra la negativa del ayuntamiento a indemnizarles y, en este caso, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Valencia les reconoció ese derecho en base a la sentencia del juzgado de Catarroja. Uno de los implicados comentó que el fallo, que alude a los daños y perjuicios sufridos, implica percibir todas las cantidades. Casi 180.000 euros, a falta de actualizar algunos importes. El ayuntamiento guarda silencio.
