La Diputación de Valencia ha aprobado finalmente destinar 636.456 euros de su presupuesto anual de 2014 para la ejecución de las obras de encauzamiento del barranco de la Font del Salser de Corbera. El convenio para la financiación ya ha sido firmado por el alcalde de la población, Jordi Xavier Vicedo (Compromís), y aprobado en Junta de Gobierno por la corporación provincial. En virtud del mismo, es el ente presidido por Alfonso Rus el que asume el compromiso de pagar, contratar y ejecutar los trabajos.
Esto supondrá un respiro para las arcas municipales corberanas, que de no haber recibido la ayuda provincial deberían haber corrido con un gasto considerado elevado para una población que apenas supera los 3.300 habitantes y cuyo presupuesto anual es de 3,8 millones de euros. De hecho, la corporación local aprobó en 2011 un crédito para financiar esta actuación, a cuya ejecución el ayuntamiento está obligado por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). No obstante, y a pesar de haber dado ese paso, el gobierno municipal nacionalista buscó paralelamente el apoyo económico de la diputación con el fin de librar a las arcas municipales de esa carga.
La obra es de vital importancia puesto que las anomalías que presenta el encauzamiento actual del Salsero causan inundaciones en una de las naves ubicada en el entorno del barranco durante episodios de fuertes lluvias. Este problema tiene su origen en la construcción del propio polígono industrial a finales de los 90. Entonces, no se tuvo en consideración la continuidad del cauce, que «iba a morir contra nada», según explicó en su momento el primer edil. Tras las quejas del propietario de la industria afectada, la CHJ abrió un expediente y en junio de 2006 ordenó al ayuntamiento la ejecución de las obras necesarias para evitar los daños provocados por las crecidas.
En noviembre de 2009, y como requisito previo a la ejecución forzosa, la Confederación volvió a requerir al consistorio que actuase y en esa ocasión dio el plazo de un mes para aportar un proyecto de obra. Transcurrido ese tiempo, y al no haberse registrado ninguna actuación, en 2010 se impuso una multa coercitiva de 1.500 euros a la entidad municipal. Ese mismo año, el entonces gobierno local de Leopoldo Hernán (PP) encargó la redacción de un proyecto para la canalización, que cifraba el coste de la obra en 925.000 euros. El nuevo ejecutivo buscó un trazado alternativo por suelo rústico, lo que abarató el coste en un 30%. Es precisamente esta alternativa la que ahora ejecutará la diputación.
Cuatro meses
Las fuentes municipales consultadas señalan que el período estimado de duración de las obras es de cuatro meses aunque desconocen la fecha de su inicio, pese a apuntar que desde la diputación «están interesados en iniciarlas cuanto antes». Se cree que con anterioridad a las vacaciones de agosto se habrá sacado a licitación la actuación y, si todo marcha según lo previsto, la nueva canalización podría estar concluida a finales de año.
