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La presión de los regantes de la Vall de Càrcer fuerza a la directiva a paralizar la privatización

Los comuneros con menos tierra evitan el plan de ceder a una empresa la gestión del agua que defendían los grandes propietarios

La presión de los regantes de la Vall de Càrcer fuerza a la directiva a paralizar la privatización

La presión de los regantes de la Vall de Càrcer fuerza a la directiva a paralizar la privatización

La presión y la movilización de un buen número de integrantes de la comunidad de regantes de la Vall de Càrcer, curiosamente los que menos tierra poseen, ha permitido finalmente dar al traste con la pretensión de la junta directiva, que dominan los grandes propietarios, de privatizar el servicio a través de la adjudicación de la concesión de aguas a una filial del grupo Aguas de Barcelona por un período de 20 años.

La comisión de gobierno se comprometió en una reciente junta general a abandonar, de momento, el proceso de privatización, que había generado una gran tensión social en los cinco municipios Càrcer, Alcàntera, Beneixida, Cotes y Sellent que dependen de la comunidad.

El presidente de la entidad, el exalcalde de Càrcer y en su día un significado cargo del PP, Aurelio Hernández, admitió ayer que ya «no se contempla» dar la gestión del servicio a ninguna empresa.

Mientras, el grupo crítico, que representa unas 3.400 de las 20.000 hanegadas de cultivo integradas en la Vall de Càrcer, interpreta la decisión como un triunfo porque, en su opinión, se trata de una marcha atrás de los directivos y de una rectificación en toda regla por la presión de los comuneros.

Sin embargo, el presidente niega la mayor porque asegura que la junta directiva que preside ya decidió en diciembre de 2013, en una polémica reunión, dejar en suspenso la privatización hasta la realización de una auditoría.

«Están manipulados»

«Hoy no se contempla la externalización, pero no ha habido una vuelta atrás, no hay una rectificación», aseguró en declaraciones a Levante-EMV el viernes el propio Hernández, quien negó si quiera que exista movilización entre los comuneros, a los que acusó de estar «manipulados» y de buscar su marcha de la presidencia a toda costa, aunque él mismo dejó caer que dimitirá por problemas de salud y dejará paso a otro presidente, aunque seguirá como miembro de la junta para evitar en los próximos dos años y medio la entrada del portavoz del sector crítico, Josep Botella, que ha sido secretario general de la Unió y candidato del PSPV a la alcaldía de Càrcer.

El grupo opositor ve otro caballo de batalla que es la auditoría de las cuentas. Según explicó Botella, ésta ha confirmado que las cuentas que se presentaron para su aprobación el pasado domingo, no reflejaban la situación real de la comunidad. Por ello se plantea incluso la impugnación de las cuentas.« Vamos a intentar darle la vuelta aunque es muy complicado», dijo el portavoz.

Esa asamblea permitió aprobar las cuentas con un margen mínimo, tras una tensa reunión con abundante debate y preguntas por parte de los comuneros, que criticaron que se realizara solo una parte de la auditoría. Según explicaron sólo se fiscalizó la relativa a ingresos y gastos, pero no el inventario, los pagos a proveedores, las subvenciones o los acreedores.

También queda por auditar las obras de modernización, presupuestadas en 7,2 millones. Según el presidente costaron más ya que esa cantidad correspondía al precio del agua en baja, pero dijo que existe otra inversión que eleva el coste total a 15 millones, aunque los comuneros pagarán cinco millones a partir del próximo año.

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