El juzgado de Instrucción número 1 de Picassent ha procesado al alcalde de Montroi, Antonio Polo (PSPV), al exalcalde, el Francisco Javier Carrión (PP), y a otras 17 personas más acusadas de la construcción y venta de chalés en forma de villas en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni de agua potable. Así consta en un auto en el que el juez da por concluidas las diligencias de investigación y da un plazo de 20 días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.
En total, hay 19 procesados: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delineante; un abogado; dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. Inicialmente también estaba imputado otro promotor sobre el que se le ha sobreseído el procedimiento al haber fallecido.
El juez estima que los hechos investigados, sobre los hay cerca de 200 víctimas, pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación, omisión del deber de promover la persecución de delitos, deslealtad profesional, estafa, falsedad en documento público, falsificación de certificación e intrusismo.
La investigación de la causa se ha centrado sobre la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización.
De las diligencias practicadas se constata la existencia de indicios razonables de delito en la construcción de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la Urbanización Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.
A los ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, se les vendía una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.
Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.
Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas eran indivisibles. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal. Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.
Cargos políticos
En el entramado presuntamente también participaron el alcalde y el exalcalde de la localidad. Respecto de Carrión, el juez indica que habría permitido, «a sabiendas», la ejecución de las viviendas sobre la zona de Canya Murta sin que previamente se hubiera aprobado el plan parcial que lo autorizara, fomentando así que los constructores quedaran fuera de la obligación de costear las infraestructuras, y trasladando estas obligaciones a los propietarios de las casas y en parte por el consistorio, cuando fuera aprobado el PAI en la zona.
En cuanto a Polo, señala que siendo conocedor de la existencia de las edificaciones ilegales, y faltando a los deberes propios de su cargo, incumplió igualmente la obligación establecida de proceder al restablecimiento de la legalidad urbanística, facilitando con ello la prescripción de algunas de las infracciones urbanísticas.
A los notarios, un oficial de una notaría y un registrador de la propiedad se les imputa que otorgaran escrituras públicas de las viviendas, pese a que se trataba de parcelaciones en suelo no urbanizable; y a arquitectos y arquitectos técnicos, que certificaran antigüedad de viviendas indiciariamente falsas.
Se han constatado daños medioambientales que han afectado la estabilidad urbanística del municipio. El coste de reposición de la superficie afectada y que debería ser objeto de corrección asciende a 2.519.093 euros.
