El gobierno municipal de Cullera (PP) decidió el pasado mes de diciembre que si el alcalde, Ernesto Sanjuán, resulta absuelto en la investigación judicial abierta por el incendio de la montaña, el ayuntamiento pagará su defensa jurídica, según la documentación consultada por este periódico.
La medida se aprobó en un junta de gobierno local celebrada en diciembre y afecta también al exedil de Fiestas, Andreu Piqueras, a quien también se le pagarán del erario público sus abogados. Tanto Sanjuán como Piqueras están imputados por un presunto delito de prevaricación medioambiental. Y, aunque en otras ocasiones el consistorio ha costeado la defensa de un cargo público cuando éste ha sido absuelto, en el caso del incendio cabe recordar que Sanjuán prometió que Piqueras y él se pagarían a sus abogados.
A esto hay que añadir que el dirigente local ha contratado los servicios del prestigioso penalista Javier Boix, quien defendió al expresidente de la Generalitat Valencia, Francisco Camps, en el juicio de la trama Gürtel.
En el pleno municipal celebrado en junio el portavoz del PSPV, Jordi Mayor, preguntó a Sanjuán si sufragaría él mismo el abogado que le tenía que acompañar cuando fuera a declarar como imputado. Según recordó entonces Mayor, el alcalde reconoció en un pleno anterior que había sido decisión suya disparar el castillo de fuegos artificiales y que asumiría todas las consecuencias (aunque anteriormente desde el gobierno local también aseguraron que fue una decisión colectiva). No obstante, el alcalde de Cullera anunció en junio que, tanto él como el exedil de Fiestas, costearían de su propio bolsillo su defensa.
Declaración como imputados
Pero el 15 julio, tan solo dos semanas después, Sanjuán y Piqueras solicitaron al consistorio que se sufrague su defensa en caso de ser absueltos. Ambos acudieron a declarar como imputados el pasado mes de septiembre ante la titular del juzgado número 3 de Sueca en la fase de instrucción de este caso. Ahora se está pendiente de determinar si se abre juicio oral.
El alcalde de Cullera explicó a la juez que el castillo de fuegos del pasado mes de abril se disparó pese a la prohibición de los bomberos porque pensaba que no iba a pasar nada y se escudó en que se trata de una tradición. El incendio calcinó 3,4 hectáreas de monte y diversos vecinos fueron desalojados.
