La presunta extracción ilegal de tierras en unas parcelas del término de Alzira que la patronal de las canteras denunció a finales de marzo se habría trasladado a una partida del Pla del Rosal en Guadassuar, según denunció este miércoles ante la Policía Autonómica la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (Arival). Fuentes de esta organización han señalado a Levante-EMV que se trataría de la misma firma que habría operado en la capital comarcal y sospechan que ante la presión de la organización de empresarios del sector, que ya había puesto el caso en conocimiento de las autoridades exigiendo que se tomaran medidas cautelares como la paralización de la actividad o el precinto de la maquinaria, la compañía «pirata» habría dejado Alzira para buscar otro emplazamiento cercano y proseguir con estos trabajos que no contarían con los permisos correspondientes.
De hecho, Arival expone que los responsables de la extracción en el Pla de la Garrofera de la capital comarcal abandonaron la zona antes de ser interceptados por las autoridades para evitar la multa y quedarse sin la maquinaria.
Tampoco en Guadassuar contarían con las pertinentes licencias, precisa Arival, que ha alertado de la existencia de una «trama organizada de empresarios sin escrúpulos» que estarían dedicándose a la extracción haciéndose valer únicamente de permisos de nivelación de tierras. El alcalde, José Ribera, confirmó ayer a este rotativo que en los últimos tiempos nadie ha solicitado licencia de extracción al ayuntamiento, pero afirmó desconocer la existencia de una explotación de zahorras en el pueblo.
Desde la asociación que agrupa a los empresarios de las canteras indican que actividades como las detectadas en Alzira y Guadassuar representan además una competencia desleal y, en muchas ocasiones, un posible delito medioambiental por carecer de medidas correctoras.
«Modus operandi»
La patronal de los áridos sostiene que los impulsores de las extracciones ilegales actúan «aprovechándose» del desconocimiento de la legislación por parte de los propietarios de las parcelas agrícolas de las que sacan las tierras.
Según detallan, muchas veces con lo único que se cuenta es con una simple licencia para reformar el nivelado del campo, que en ningún caso autorizaría a una actividad minera. «No informan de que se necesitan otra clase de permisos, con lo que el dueño se encuentra después con la sorpresa de que lo que están haciendo en sus parcelas no es legal», apuntan voces de Arival.
En ese sentido, se obvian aspectos como la necesidad del preceptivo informe de impacto ambiental, del proyecto de extracción, de la licencia de actividad minera y la municipal o el cumplimiento de ciertas medidas de seguridad.
La extracción de tierra de una parcela para rellenar otra es una práctica habitual que se ha hecho durante mucho tiempo, aunque está prohibida porque se trata de una extracción minera.
Multas que pueden alcanzar el medio millón de euros
La extracción de zahorras sin los correspondientes permisos conlleva la posibilidad de enfrentarse a una serie de multas por diversas infracciones que, todas sumadas, pueden alcanzar la astronómica cifra del medio millón de euros si se aplican las máximas sanciones legales previstas, según ha advertido la patronal de las canteras. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (Arival) alerta de que quienes cargarían con estas penalizaciones son los propietarios de los campos donde se lleva a cabo la actividad y no los que la ejecutan «porque nunca les pillan» ya que en muchas ocasiones se trata de «empresas fantasma». Las firmas del sector avisan además de que muchas veces se incumplen los acuerdos alcanzados entre los extractores y los dueños de los campos, que acaban quedándose con sus parcelas por allanar «y hechas un desastre» ante la marcha precipitada del empresario. s. vives alzira
