El Ayuntamiento de Carlet ha renunciado a seguir manteniendo la gestión de la residencia la Llum. La altísima deuda que ha llegado a contraer la Generalitat con el municipio, de más de tres millones de euros, ha obligado al Ayuntamiento de Carlet a asumir durante años una gestión que le es impropia, porque la que está obligada a prestar el servicio es la Conselleria de Bienestar Social.
El Ayuntamiento de Carlet da a la Generalitat hasta final de año para que busque el encaje jurídico más adecuado para la gestión del centro, que atiende en la actualidad a unas 40 personas con minusvalía psíquica profunda de toda la comarca.
El ayuntamiento de Carlet está dispuesto a ceder el inmueble, que es propiedad municipal, para su uso actual, pero no quiere asumir por más tiempo un servicio que no le compete y que sólo le da disgustos. El Consell ha liquidado esta semana el grueso de la deuda, pero el pleno tiene previsto aprobar mañana la renuncia y la rescisión del contrato con la empresa gestora, Clece, lo que deja en manos de la Conselleria de Bienestar Social la decisión sobre el futuro de la residencia, sus trabajadores y usuarios, la mayoría discapacitados físicos y psíquicos con dolencias muy severas que requieren un cuidado constante.
La portavoz de Compromís y candidata a la alcaldía, Maria Josep Ortega, que en las últimas fechas se ha reunido con trabajadores de la residencia y colectivos afectados, asegura que en el fondo la Llum es la historia de «un fracaso» por parte del PP de Carlet en la negociación con la conselleria, que complica incluso el mantenimiento de la residencia ante las dificultades financieras de las Generalitat.
La Llum fue inaugurada en 2001 por el entonces conseller Rafael Blasco, hoy en espera de que el Supremo ratifique la condena de prisión. Acoge 40 usuarios, discapacitados psíquicos y físicos, atendidos por 32 profesionales.
La empresa tampoco quiere seguir
Compromís asegura que el recinto ha acusado los recortes del Consell y los aumentos de las tasas a los usuarios, pero ha sido el cobro del copago transformado en tasa lo que definitivamente ha ahogado a la empresa, que también ha pedido la resolución del contrato y abandonar la gestión del centro.
Los ingresos de la empresa que gestiona el centro de discapacitados consistían, según el convenio de 2009, en el pago que abona el ayuntamiento, que a su vez recibía una subvención de la Generalitat, y un 60% de la pensión de los usuarios. Pero esa tasa se modificó en febrero de 2012. El Consell la aumentó a un 75% de la pensión y con la nueva normativa de copago, la Generalitat cobra directamente la tasa a los residentes, lo que impide a Clece recibir la parte de los usuarios y su fuente de ingresos se reduce a la aportación pública.
Ante el ahogo económico ha sido la empresa la que ha solicitado la rescisión del contrato y el restablecimiento del equilibrio económico, explica Ortega tras las reuniones mantenidas.
Ingresos insuficientes
Para 2015 se ha previsto el aumento de la subvención, pero resultará insuficiente para compensar la pérdida de la tasa por parte de la empresa que ahora ingresa el Consell. La subvención pasa de 883.440 euros de 2014 a 1.051.470 este año, pero en esas condiciones se hace inviable el servicio.
Ortega asegura que ha consultado con plataformas de discapacitados y la Dirección general de Bienestar Social y cuando el pleno apruebe renunciar a la gestión, la continuidad del servicio queda en peligro porque no habrá tiempo material, con las elecciones por medio, para que el Consell se haga cargo antes del 31 de septiembre.
Además, con el dinero por el que la Generalitat licitará la gestión será prácticamente imposible adjudicarla de nuevo, lo que afectará al bienestar de los residentes y las condiciones de los trabajadores.
«Hay muchas posibilidades de que la adjudicación quede desierta y la conselleria reubique a los residentes en otros centros y cierre definitivamente la residencia la Llum de Carlet, hasta ahora referente en la Ribera», señala Ortega.
