Sin licencia ambiental y con tan solo un 5 % de las plazas ocupadas. En plena campaña electoral, el Ayuntamiento de Guadassuar gobernado por el Partido Popular ha abierto el aparcamiento municipal que construyó en el marco del Plan Confianza de la época Camps.
Una infraestructura que ha costado 1,3 millones de euros —parte de los cuales el Consell todavía debe al consistorio— y que ha permanecido totalmente cerrada desde 2011 hasta ahora.
La coalición Compromís de la localidad ha denunciado esta situación al considerar la apertura una medida «electoralista». Además, los nacionalistas estiman que el tiempo ha demostrado que la construcción del parking no era una prioridad porque no existe demanda suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento.
De hecho, de las 100 plazas de aparcamiento ofertadas únicamente cinco están ocupadas. Por ello, Compromís tacha de «ruinoso» el negocio para las arcas municipales, que soportan una elevada deuda, puesto que el mantenimiento de las 95 plazas libres corre a cargo del erario público.
Sin estudio de viabilidad
El proyecto del aparcamiento no contó en su momento con un estudio de viabilidad económica, imprescindible para valorar la rentabilidad o no de la instalación, precisa Compromís tras haber examinado el expediente.
Asimismo, tampoco contiene memoria económico-financiera completa con estudio de todos los gastos de mantenimiento imputables, sino de unos cuantos que suman poco más de 28 euros por plaza, coste «del todo irreal» a juicio del edil Joan V. Puchol.
Los nacionalistas hacen la comparativa con los costes del no menos polémico aparcamiento público de Algemesí, donde los gastos de mantenimiento suponen actualmente 12 euros mensuales por cada plaza de aparcamiento, lo que significa 144 euros anuales. Consultadas otras opciones, Compromís afirma que todas ellas sobrepasan los 100 euros anuales por cada plaza. «Si consideramos la cifra redonda de 100 euros, supondría para el ayuntamiento y para los vecinos de Guadassuar un coste entre 9.500 y 13.680 euros anuales», cifran. El partido estudia llevar a los tribunales al considerar que la apertura es «ilegal».
