El tripartito de Alzira dejó sobre la mesa en su primera junta de gobierno la resolución de expedientes por consumir alcohol en la vía pública que imponían multas de 300 euros. Parecía una cantidad muy elevada para los tiempos que corren, aunque en la reunión de esta semana ha reactivado algunas de estas sanciones al valorar que nada se puede hacer una vez concluida la tramitación formal del expediente. Eso sí, la coalición de gobierno se plantea revisar algunas ordenanzas municipales para introducir otras acciones de concienciación, pedagógicas o de mediación que eviten que se repitan determinados comportamientos, de forma que la sanción por algunas infracciones no se limite a una multa económica que considera «no lleva a ningún sitio» y, en ocasiones, hasta resulta difícil de cobrar.
El anterior gobierno municipal ha venido imponiendo sanciones de entre 200 y 300 euros por consumir alcohol y, en particular, cervezas -principalmente «litronas», pero en algunos casos también latas- en diferentes espacios públicos, en aplicación de la Ley Valenciana de Salud. Se penaliza cuando el consumo se realiza en horario de afluencia de menores.
En los últimos meses se han tramitado expedientes por el consumo de alcohol en la plaza Soler i Godes -esta semana se han resuelto las sanciones-, la plaza del Reino, un portal de la calle Mossén Grau -en este caso las multas impuestas en abril fueron de 200 euros- y en el parque de l'Alquenència, donde es frecuente la reunión de grupos de amigos a pasar la tarde o parte de la noche en torno a unas cervezas. De hecho, especialmente los lunes, los servicios de limpieza suelen retirar decenas de botellas de litro vacías, unas debidamente depositadas en las papeleras y otras tiradas por los jardines.
La tramitación de algunos de expedientes llega al final tras el cambio de gobierno y, pese a las dudas iniciales, el tripartito ha decidido resolver aquellos que están en proceso y buscar a partir de ahora fórmulas alternativas a la sanción económica o ajustar las mismas, según explicó ayer la concejal de Policía Local, Sara Garés, que indicó que la aplicación de las ordenanzas no puede tener un fin recaudatorio.
La edil señaló que hay denuncias por infracciones de la Ordenanza de Protección del Espacio Urbano que afectan a menores, como jugar a fútbol en la plaza, y si bien dijo ser consciente que la Policía Local realiza un proceso de disuasión antes de formalizar la denuncia, señaló que en los casos con menores «realmente se está denunciando al padre», por lo que abogó por contemplar otras medidas de mediación que, incluso, puedan evitar esas multas. No obstante, Garés indicó que también se deberá estudiar crear una base de datos que permita detectar los casos reincidentes, tanto si son menores como adultos, ya que esa reiteración se debe tener en cuenta en el importe de la sanción.
La edil recordó que, en el caso de la Ley de Salud, que sanciona el consumo de alcohol en la calle, las infracciones leves pueden llegar a los 15.000 euros, por lo que admitió que el ayuntamiento ha aplicado un grado mínimo en las multas que ha venido imponiendo.
