La empresa que gestiona el aparcamiento de la plaza de la Generalitat y la «Zona Azul» ha solicitado al Ayuntamiento de Alzira la rescisión del contrato y alega entre otros argumentos que no ha podido construir el aparcamiento subterráneo en la plaza Mayor que la corporación presidida por Pedro Grande le adjudicó en el año 2002 en un mismo lote. El gobierno municipal tiene previsto desestimar en el pleno de esta tarde la solicitud de Pavasal, en la que reclama también una indemnización por la inversión realizada en la Plaça de la Generalitat y por no haber podido construir el segundo garaje, de lo que responsabiliza al ayuntamiento.
«Que después de doce años la empresa se acuerde ahora del aparcamiento de la plaza Mayor es un argumento que no se sostiene», comentó ayer el concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, que emplazó a la adjudicataria a hacer públicas las negociaciones que mantuvo con el anterior gobierno para dejar en suspenso este proyecto -posteriormente se planteó ejecutarlo en la avenida Luis Suñer- y señaló que «a lo mejor la que tiene que indemnizar a los alcireños es la empresa», señaló. El ayuntamiento considera que la solicitud de la empresa tiene su origen en la falta de rentabilidad del aparcamiento y considera que cuando el empresario puja asume también un riesgo. «No es de recibo que ahora alegue que se ha permitido aparcar en solares de Tulell o que se haya construido otro aparcamiento con más de mil plazas», incidió Pascual.
El proyecto de construcción de dos aparcamientos subterráneos vinculados a la Zona Azul se remonta al último mandato de Grande y uno de los primeros anuncios de Elena Bastidas tras asumir el gobierno en 2003 fue que dejaba en suspenso la construcción del aparcamiento de la Plaça Major. La coalición PP-PSI trató de trasladar el proyecto a la avenida Luis Suñer ante la perspectiva de que la construcción del Palacio de Justicia y la Oficina Local de Tráfico generaran una mayor demanda, pero la oposición vecinal en un primer momento que obligó a desplazarlo al tramo final y los elevados costes al tener que actuar junto al río provocaron que se abandonara.
No obstante, no existe ninguna resolución municipal en estos trece años que acuerde suspender la obra de la plaza Mayor -la empresa asumía el coste de la construcción a cambio de explotar los dos párquings durante 50 años- y el ayuntamiento rebate las pretensiones de la empresa señalando que no aportó los proyectos necesarios para realizar el acta de replanteo previa al inicio de las obras. Las empresa ya solicitó en 2010 al ayuntamiento que garantizara el equilibrio económico de la concesión a través de subvenciones o compensando los costes de construcción -casi tres millones en el caso de la Plaça de la Generalitat- aunque no había obtenido respuesta, hasta ahora. Los técnicos señalan que el desajuste se debe a la falta de demanda de plazas y que no se dan los requisitos para que el ayuntamiento tenga que atender la petición.
