El Ayuntamiento de la Pobla Llarga se declara abrumado ante los continuos requerimientos de pago que, según aseguran, llegan al ayuntamiento. El último ha sido una condena, ya en trámite de ejecución de sentencia, de 266.257 euros solo en concepto de intereses por certificaciones de obra liquidadas con retraso en los años de la burbuja inmobiliaria y posteriores, según relevó ayer el alcalde accidental de la Pobla, el socialista Ximo Vidal. Ese dinero se suma a la condena conocida el pasado mes de julio de 221.548 euros por las obras realizadas en 2009 en la carretera de acceso en la Pobla Llarga desde Alberic y cuyo pago nunca se realizó.
La nueva obligación la ha destapado la auditoría que el equipo de gobierno ha solicitado a una empresa de Alzira para conocer la situación real del ayuntamiento, con una deuda oficial de más de cinco millones de euros a 31 de diciembre de 2014 —más de mil euros por habitante— certificada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Lo que es seguro es que el 21 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento de la Pobla Llarga fue condenado a pagar los interesos de demora de las obras contratadas a una mercantil en febrero de 2007 para desarrollar una nueva zona residencial en la Pobla Llarga y que el gobierno de Soler no informó de esa decisión judicial.
Tan abrumado está el equipo de gobierno que no descarta incluso declarar el ayuntamiento en quiebra, una posibilidad que, según admiten, está encima de la mesa porque consideran que las dos condenas conocidas en los menos de cien días de gobierno —que les obligan a abonar ya medio millón de euros— sólo son la punta del iceberg de una montaña de pagos que ven imposible escalar. Vidal planteó ayer el caso de Llaurí, intervenido judicialmente hace unos años al quedarse sin liquidez.
La alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, aseguró ayer que la única opción es «negociar con los acreedores» para evitar embargos porque no hay consignación presupuestaria en las cuentas municipales para abordar el pago de ambas sentencias: «Nosotros, la verdad, no sabemos cómo vamos a pagar, se pueden realizar modificaciones de crédito, pero lo difícil es generar liquidez suficiente», apunta el concejal de Hacienda, Ximo Vidal. «Si en un mes que llevamos en el gobierno han salido ya 500.000 euros que tenemos que pagar si o si, no sé que más puede salir», advierte.
La burbuja que estalló en la Pobla
La última sentencia es por un contencioso de la urbanización Residencial 3, situada a la entrada de la Pobla desde Alberic. Hoy son solares de cemento y antes eran huertos. «Ahora son un problema para los propietarios, que antes por lo menos tenían naranjas», señala el edil de Hacienda.
Según su relato, el PP de Rafael Soler no pagó las certificaciones de obra en el plazo comprometido. En total se adeudaban 13 certificaciones, aunque el exalcalde aseguró que ese pago tenían que realizarlo los propietarios y recayó en el ayuntamiento, pero que es un dinero recuperable, aseguró. Según el PSPV gobernante, hay retrasos en los pagos de hasta 641 días.
La izquierda señala, además, que la sentencia se habría ocultado por la cercanía de las elecciones municipales «por lo que el PP de Rafael Soler pensaba más en sus intereses electorales que en el ciudadano», añade el PSPV.
