El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso presentado por las propietarias de dos inmuebles ubicados en Alzira y ha condenado al Estado a abonarles 61.482 euros como víctimas de un atentado terrorista.
La reclamación la presentaron las herederas por los daños que se produjeron en dos vivienda unifamiliares de Alzira el 14 de mayo de 1980, como consecuencia de la explosión de un artefacto en la puerta de la sede del partido ultraderechista Fuerza Nueva. El ayuntamiento declaró entonces en ruina los dos inmuebles y fue necesario demolerlos.
Varias informaciones de la época, entre ellas la de este diario, señalaron que la colocación del artefacto la reivindicó después el comando 143 del grupo Armado 28 de Febrero, el mismo dato que recoge el expediente de la Brigada provincial de Información.
El contencioso contra el Estado lo iniciaron las propietarias de ambos inmuebles en 2012, al amparo de la ley dictada un año antes para el resarcimiento de las víctimas del terrorismo y que permitía acceder a una indemnización a todos los afectados por cualquier acción terrorista.
Sin embargo, el Ministerio del Interior desestimó la pretensión de las afectadas al considerar que no quedaba probado que las personas que cometieron los hechos tuvieran una finalidad terrorista.
Sin embargo, el Supremo anula ahora esa resolución y condena a la Administración a pagar.
El Alto Tribunal considera «evidente» que existían objetivos políticos o ideológicos detrás de la acción contra Fuerza Nueva en Alzira ya que la colocación de los artefactos se produjo contra una sede política y su intención era «alterar la paz», dice la sentencia. El ponente destaca que los medios utilizados en forma de artefacto explosivo no son los usados por delincuentes comunes, sino por organizaciones terroristas.
Además, el juez recuerda que la Brigada Provincial de Información aún dispone de un expediente con el nombre «Grupo Armado 28 de Febrero». En esa carpeta únicamente consta una nota mecanografiada que hace referencia a la detención el 20 de mayo de 1980 de varias personas como autoras de un atraco a la joyería Yagüe de Valencia y señala que tanto este robo como la explosión en la sede de Fuerza Nueva fueron reivindicados en distintos diarios por el denominado Grupo Armado 28 de Febrero.
Incluso en los archivos de la comisaría de Alzira existe un oficio también de esos días de mayo de 1980 en el que se da cuenta a la autoridad judicial de la recepción en el diario El Periódico de Barcelona de una llamada telefónica en la que una persona que dijo formar parte del «comando Ezequiel» se hacía responsable del atentado contra Fuerza Nueva en Alzira en represalia por varias muertes en Madrid y el País Vasco.
Cinco kilos de goma dos
La información que en su momento publicó este diario señala que el artefacto contenía en torno a cinco kilos de goma 2 y que la explosión se pudo escuchar en toda la ciudad. Según este diario en total afectó a una decena de viviendas, un almacén de muebles, ocho garajes y varios vehículos.
El explosivo estaba ubicado en la planta baja de uno de los inmuebles junto a la sede de la formación política. Un informe del arquitecto municipal de Alzira fechado el 15 de mayo de 1980 señala que dos inmuebles quedaron en estado de ruina y que era necesaria la demolición completa.
La propietaria falleció en 1987 pero sus herederos no reclamaron por los daños hasta la promulgación en 2012 de la ley de resarcimiento de víctimas atentados terroristas. Antes nunca habían formulado solicitud. Las dos viviendas pertenecieron a la madre y la tía de las herederas que pasaron a convertirse en propietarias.
