«La solución no es cerrarlo y llevarse el juzgado a Valencia, sino que pasa por darle mas recursos, más gente y mejores instalaciones». El alcalde de Alzira, Diego Gómez, expresó ayer su rotunda oposición al traslado del juzgado de lo penal a Valencia, una sala que defendió como «necesaria» tanto para el partido judicial de Alzira como para los de Xàtiva y Ontinyent, y señaló que ya ha expresado esta negativa a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a la que invitó públicamente a visitar Alzira y explicar la solución que finalmente se adopte «a los ciudadanos, a los juzgados, a los abogados».
«Espero que sea valiente, venga y lo explique», comentó, Gómez, que también dijo ser consciente de que no se trata de una decisión de la conselleria -«viene de Madrid», comentó-, aunque reconoció que cuando la consellera le auguró cual podía ser el contenido del informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial de sus palabras se desprendía que era partidaria del traslado a Valencia. «Nosotros le dijimos que no es la decisión correcta y que como ayuntamiento vamos a estar al lado de los ciudadanos», detalló Gómez, que anunció que, si llega a tiempo, elevará al pleno del próximo miércoles una propuesta para que la corporación realice un pronunciamiento institucional «en contra de la desaparición del juzgado de lo penal, como ya hicimos en 2013».
El Colegio de Abogados de Alzira también ha expresado su rechazo a la propuesta que tiene sobre la mesa el CGPJ ya que, según advierten, provocará de nuevo que todas las partes implicadas en un juicio tengan desplazarse a Valencia, con el consiguiente coste y pérdidas de tiempo.
