El Ayuntamiento de Alzira mostrará mañana formalmente su firme rechazo al traslado del juzgado de lo penal número 15 a Valencia y, frente a la propuesta que plantea el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial que implica la supresión de esta sala desplazada, reivindicará un plan de choque que contemple un refuerzo de la plantilla hasta normalizar la situación de este juzgado que atiende los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Ontinyent, al que la junta de gobierno del TSJ retiró en septiembre el magistrado de apoyo que tenía asignado desde 2009, lo que ha agravado el colapso que arrastraba hasta el punto que se están realizando señalamientos para enero de 2017.
Esta reivindicación de un plan de choque forma parte de la propuesta de resolución que el alcalde de Alzira, Diego Gómez, elevará al pleno que la corporación celebra mañana -que pretende convertir en una declaración institucional en defensa del juzgado de lo penal-, en la que el ayuntamiento ofrecerá a la Conselleria de Justicia unas nuevas dependencias en el edificio de la Parrilla como alternativa al bajo que actualmente ocupa en la Plaça de la Generalitat, que resulta «totalmente insuficiente».
La corporación reclamará a la Conselleria de Justicia, al TSJ y al Consejo General del Poder Judicial que mantengan en Alzira este juzgado de lo penal frente a la propuesta de cierra y traslado a Valencia y reivindicará a la Administración autonómica que dote de los medios materiales y humanos a esta sala «para mejorar el funcionamiento y puesta al día» de la misma «con un plan de choque de refuerzo» ya que, según expone el alcalde, la actual demora en señalamientos resulta «intolerable».
La propuesta de resolución argumenta que el informe del Servicio de Inspección del CGPJ alega la falta de operatividad del juzgado -expone la elevada carga de trabajo que soporta y plantea el traslado a Valencia para poder repartir los asuntos entre todas las salas de lo penal- pero incide en que «no hace ninguna autocrítica respecto a la falta de medios y los retrasos en sustituir jueces titulares y de refuerzo que son necesarios para agilizar las causas».
Este juzgado de lo penal entró en funcionamiento a principios de 2007 y la elevada carga de trabajo que soporta al atender a tres partidos judiciales provocó que ya en mayo de 2009 se le asignara un magistrado de refuerzo, con el que ha contado hasta el pasado 1 de septiembre. El ayuntamiento y los profesionales del derecho había reivindicado durante casi una década la creación de este juzgado en Alzira como forma de evitar los múltiples desplazamientos a Valencia de ciudadanos, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y abogados que puedan participar en un procedimiento.
La supresión de los juzgados de lo penal desplazados -Alzira, Paterna y Torrent- ya se puso sobre la mesa hace un par de años y la propuesta generó una fuerte oposición en las comarcas afectadas. Finalmente, en el caso de Alzira, se optó por derivar a Valencia las ejecutorias como una forma de aliviar la carga de trabajo que soporta.
La nueva propuesta ha reabierto el debate. El Colegio de Abogados ya ha manifestado su rechazo frontal al traslado del juzgado y el ayuntamiento hará lo mismo en el pleno de mañana. «La justicia no puede ser la hermana pobre de la Administración», señala la propuesta de resolución, que reclama al Consell un compromiso con el buen funcionamiento del juzgado «con la aportación de los medios personales y materiales necesarios».
