El modelo de gestión que se aplicará en el hospital de Alzira y en el resto de centros de salud y servicios asistenciales de la comarca una vez expire -en los primeros meses de 2018- el contrato de concesión a la empresa que ahora adninistra esa parcela, Ribera Salud, es una incógnita. Lo más probable, como han anunciado los dirigentes de los partidos que conforman el gobierno autonómico (PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podemos), es que no se prorrogue la concesión para que la Conselleria de Sanitat vuelva a imponer la gestión pública.
Avanzar esa reversión a través de una cancelación unilateral del contrato de adjudicación, como han apuntado algunas fuentes, se torna una misión imposible por el complejo y costoso encaje jurídico que habría que habilitar para rescindir el convenio. Apartar a los actuales gestores también resultaría muy caro para la Generalitat, que se expondría a pagar una indemnización cuya cuantía no está prevista en el pliego de condiciones, aunque todos los expertos dan por seguro que sería muy elevada.
El portavoz socialista de Sueca, Dimas Vázquez, aseguró hace unos días que el Consell no puede recuperar antes de 2018 la gestión del hospital «porque existe una cláusula de indemnización a la empresa que puso el PP de 150 millones de euros», aunque en realidad ni existe esa cláusula ni se ha fijado ninguna cuantía indemnizatoria. En todo caso ese precio de rescate debería ser negociado o fijado por un juez.
Esperar a que venza el contrato es la única salida. Esa vía ya la barajó el gobierno anterior del PP que lideraba Alberto Fabra. Tanto él como su conseller de Sanidad, Manuel Llombart, tampoco estaban por la labor de privatizar más hospitales ni de prorrogar ninguna concesión. Esa salida será sin duda más barata aunque no menos complicada a la hora de resolver el galimatías laboral y administrativo que generará el rescate. La plantilla que ahora gestiona Ribera Salud está compuesta por unos dos mil trabajadores, de los que al menos un 70% son contratados laborales y, por tanto, no funcionarios.
Cómo encajar en la Administración Pública a los profesionales sanitarios que llevan hasta 18 años trabajando para la sanidad pública a través de la empresa privada Ribera Salud no es fácil. La actual consellera, Carmen Montón, ha anunciado que estudiará con un comité de expertos la solución menos traumática.
