Las indemnizaciones pendientes de pago a propietarios de terrenos de diferentes sectores urbanizados por la ejecución de tres PAI en la época de la burbuja inmobiliaria durante el gobierno del PP de Lola Botella en Carcaixent ha obligado al equipo de gobierno actual a solicitar un préstamo para su liquidación. Lo aprobó ayer el consistorio con los votos a favor de Compromís, el PP y Gent de Carcaixent, mientras el PSOE y Reiniciem se abstuvieron y Units per València votó en contra. Las deudas proceden de los años 2003, 2004 y 2005 y cuentan con sentencias firmes de la justicia que obligan al pago. Es por ello que el ejecutivo de Paco Salom propuso el pasado verano adherirse al fondo de financiación a entidades locales promovido por el Ministerio de Hacienda que comanda todavía, aunque ahora en funciones, Cristóbal Montoro. El Ayuntamiento de Carcaixent solicita, con todo, alrededor de 400.000 euros que suponen el pendiente de pago, con la contraprestación de tener que estar sometido durante más tiempo al plan de ajuste impuesto por el Gobierno de España a los consistorios con déficits importantes. Al nuevo plan de pago del Ministerio se podían acoger las entidades locales que no pueden mejorar su situación con prudencia financiera y los que tuviesen pendiente de ejecución alguna sentencia firme, como es el caso del consistorio ribereño. El fondo de financiación consiste en préstamos directos del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial.
El partido más crítico ayer fue Units per València que, a través de su portavoz, Ana Calatayud, explicó que la medida obliga «a aceptar mayores o nuevas medidas a aplicar en el Ayuntamiento de Carcaixent a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a aceptar su supervisión y control». Además, Calatayud añadió: «Entendemos que el ahorro en el pago de intereses no compensa el someterse a los planteamientos aprobados en el Plan de Ajuste vigente desde el 2012 y que ha supuesto un incremento de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, provocando, entre otros, que no se aceptaran bajadas en el IBI y que presumiblemente no se autoricen por el Ministerio hasta que se amortice este nuevo crédito. No estamos dispuestos a aprobar la continuidad del Plan de Ajuste, porque obligaría a nuestro partido a no poder cumplir con gran parte del programa que presentamos a los ciudadanos en las pasadas elecciones».
«Alternativa menos mala»
Según especificó ayer el regidor de Hacienda, Vicent Lluís Roca, la adhesión al fondo permitirá hacer frente al pago de las sentencias urbanísticas a través de un préstamo a diez años a un interés muy bajo y que, en el supuesto de que fuera posible, se trataría de cancelar antes de lo previsto. Roca reconoció que la prórroga del Plan de Ajuste, aprobado en la legislatura anterior, es una consecuencia negativa de la posible adhesión al fondo, pero que hay que buscar «qué alternativa es la menos mala, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene que continuar prestando determinados servicios y pagando a sus proveedores dentro de los plazos legales». Vicent Lluís Roca aclaró el Plan de Ajuste dejaría de estar en vigor cuando se cumpla con el requisito de morosidad, circunstancia que podría producirse en los próximos meses.
Por su parte, Carles Albert, de Reiniciem, ofreció su «abstención positiva» (como dijo) con la condición de que el equipo de gobierno dé información detallada y transparente a la ciudadanía «de cuáles fueron las decisiones y las actuaciones que nos han hecho llegar a esta situación, en base a qué criterios se tomaron dichas decisiones y, si es el caso, que se depure quién o quiénes son los responsables políticos de tales decisiones que han repercutido muy negativamente en las arcas municipales». Albert insistió en que, con dicho ejercicio de información, el equipo de gobierno «tendrá nuestro apoyo pero si no lo hace, una vez más, nos defraudará tapando las actuaciones del anterior gobierno municipal del PP».
