La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha publicado la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de reforma de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Guadassuar, promovida por el Consorci Ribera-Valldigna y que supone la segunda fase del complejo que se pretende construir en el municipio ribereño, en el cual se incluye el macrovertedero que ha desatado un amplio debate entre los actores implicados y cuyo último capitulo se escribió con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que interpuso y ganó el Ayuntamiento de l'Alcúdia, y que supuso la anulación de la ubicación del vertedero en el término de Guadassuar, cerca del municipio alcudiano y de Montortal. La declaración de impacto ambiental se hace pública cuando el consorcio espera que «el Consell conceda la autorización para comenzar con las obras», según anunció a Levante-EMV su presidente y alcalde guadasuarense, Salvador Montañana.
La autorización supondrá la movilización por parte del consorcio para empezar lo antes posible las obras de estas segundas instalaciones. Las primeras, como ya informó este periódico ayer, están prácticamente terminadas y, a falta de algunos flecos, se pondrán en funcionamiento cuando haya consenso entre todos los interesados. Como ya indicó Montañana, el Ayuntamiento de l'Alcúdia parece estar dispuesto a permitir que la nueva planta, una de las más modernas de España, entre en funcionamiento en breve.
Uno de los principales beneficios que aportará el nuevo complejo será el ahorro de la mitad del rechazo que se genera actualmente. Esto repercutirá positivamente en lo económico, pues se paga una tasa por tonelada de residuos vaciada en el vertedero, además del transporte de los mismos.
Desmantelar la antigua planta
Para llevar a cabo esta nueva fase, el Consell insiste en que el proyecto debe de cumplir algunas medidas, por lo que requiere que se proceda al desmantelamiento progresivo de las edificaciones de la planta antigua a medida que queden fuera de uso, hasta completar la totalidad de dicho espacio. En este aspecto, se tendrá que elaborar un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. También exige la instalación de sistemas de control automático del llenado de las balsas y depósitos de recogida de aguas de la planta, asegurando que se vacían ellas mismas antes de que se alcance el 80% de su capacidad, y que se gestionen adecuadamente las aguas retiradas para evitar cualquier riesgo residual de vertido. En lo que refiere al plan de control de calidad del proyecto, Conselleria solicita que se realice un programa de seguimiento ambiental durante la fase de explotación, documentándose las diferentes actuaciones llevadas a cabo. Por último, también se insiste en la necesidad de que cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado deberá de ser comunicado para que se establezcan, si procede, nuevas medidas correctoras.
La resolución favorable tiene sus argumentos, según especifica el ente público, en el grado de detalle de la documentación presentada por el consorcio. En esta, se analiza la alta categoría de las instalaciones diseñadas, la coherencia de las soluciones adoptadas, la adopción de sistemas redundantes de protección y, en general, el alto nivel de exigencia aplicado. El texto también hace referencia a las reticencias mostradas por la Sèquia Real del Xúquer o los municipios cercanos, influidas en parte por la inadecuada gestión de la instalación existente en sus inicios y que fueron abordadas. Respecto a la afección visual, se observa una mejora global respecto al estado avejentado que presentan las actuales instalaciones. El carácter industrial del suelo sobre el que se ubica la planta es otro de los puntos que ayudan a las conclusión de compatibilidad del impacto ambiental global del proyecto.
