Acepta la culpabilidad. El exalcalde de Cullera Ernesto Sanjuán (del PP) llegó ayer a un pacto con el fiscal para evitar el juicio por autorizar los fuegos artificiales durante las fiestas de su localidad que acabaron dando origen al incendio de la montaña. El resultado del acuerdo es que Sanjuán ha sido condenado a 1,5 años de cárcel (aunque no entrará en prisión al no contar con antecedentes penales y ser la sanción menor a dos años). El exalcalde del PP también ha sido inhabilitado políticamente durante 21 meses y multado con 1.092 euros, el equivalente al pago de seis euros por día durante seis meses.
El acuerdo entre las partes impidió la celebración del juicio oral que estaba previsto para esta semana, viéndose innecesaria la declaración de las partes. El ministerio fiscal había solicitado tres años y medio de cárcel para Ernesto Sanjuán por imprudencia grave al haberse declarado un incendio el 26 de abril de 2014 en la zona de Cabesol-Muntanya de les Raboses de la localidad costera como consecuencia de unos fuegos artificiales que el primer edil autorizó junto a la montaña cullerense pese a las advertencias que se le hicieron llegar por haber riesgo «extremo» de incendio forestal.
El fiscal consideraba que el exalcalde actuó con una «frontal inobservancia» de las «mínimas precauciones» a la hora de autorizar el lanzamiento de los fuegos artificiales por las fiestas mayores en la montaña de la localidad, junto al castillo, en un momento en el que había unas condiciones «absolutamente inidóneas». Las llamas, que obligaron a evacuar varias viviendas y a retirar los vehículos que se encontraban en calles cercanas, se extendieron hasta calcinar 3,2 hectáreas de superficie. El informe realizado por los bomberos del consorcio provincial desaconsejaba el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales.
En años anteriores, como consecuencia del lanzamiento de otros castillos de similares características ya se habían producido en la misma montaña de Cullera otros incendios, aunque de «escasa extensión y consecuencias», en 2010, 2011 y 2013. Pese a ello, se volvió a escoger ese lugar para el lanzamiento de la pólvora «amparándose en la tradición».
El juez encargado del caso atendió recientemente la petición de la fiscalía en la que se pedía el sobreseimiento de la causa respecto al que fuera edil de Fiestas, Andreu Piqueras, al considerar que no quedó acreditado que su conducta fuera constitutiva de delito. El fiscal también solicitó una indemnización para la Generalitat Valenciana de 1.092 euros, que es el importe al que ascendieron los gastos de extinción. Finalmente esta sanción ha sido aceptada por lo que a pesar de no desarrollarse la vista oral, Sanjuán deberá hacer efectivo el pago como si hubiese sido declarado culpable en el juicio. El tribunal tenía previsto citar a declarar como testigos a varios funcionarios municipales así como a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sanjuán llegó a aceptar en un pleno que el lanzamiento de los fuegos artificiales fue un error.
