Albalat de la Ribera acometerá la elaboración de su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tendrá que lidiar con un condicionante como es el hecho de que el 100 % del término municipal haya sido declarado como zona inundable por el nuevo Patricova. La Diputación de Valencia ayudará al ayuntamiento en la redacción de este documento de planificación con una subvención del 40 % al tratarse de un municipio con menos de 5.000 habitantes. De este modo, se dejaría de lado un marco normativo basado en unas normas subsidiarias aprobadas en 1992 sobre las que se han realizado numerosas modificaciones a lo largo de los años. Por el momento, el alcalde Albalat, Felip Hernandis, descartó ayer que se contemple una expansión de la zona urbana aunque no clarificó qué desarrollos se incluirán en el PGOU.
El área de Asesoramiento y Asistencia Municipal de la diputación trabaja de forma conjunta con el Ayuntamiento de Albalat en la redacción el primer PGOU de la localidad. El plan nace con algunas trabas ya que el crecimiento del municipio está condicionado por la peculiaridad del terreno, declarado en su totalidad como inundable por el Patricova.
Esa particularidad obliga al consistorio a realizar sus proyectos con mucha cautela: «Somos conscientes de nuestro pequeño problema», explicó el alcalde, al tiempo que señalaba que «existen ciertas zonas en las que, por así decirlo, el riesgo es menor y se puede construir; se trataría de unos terrenos en los que se estima que la inundabilidad no excedería el rango entre los 50 y 80 centímetros».
Crecimiento por el norte
El consistorio contempla la zona norte del municipio como la más propicia para planificar nuevos suelos edificables: «Albalat está fuertemente condicionada por el río, por lo que estamos obligados a crecer en dirección norte, único lugar del término en el que no interfiere el cauce», apuntó Hernandis. El propio alcalde señaló, además, que el plan no contempla la expansión del suelo residencial: «Es más que probable que no podamos crecer de manera urbana, tenemos ya los cascos antinguo y nuevo que satisfacen por el momento nuestras necesidades habitacionales», explicó el munícipe.
A su vez, Hernandis destacó que el ayuntamiento «tenía una necesidad urgente de eliminar las normas subsidiarias», al mismo tiempo que subrayó la importancia de contar con la ayuda del organismo provincial: «Estábamos convencidos de que la mejor opción era hacerlo a través de la Diputación de Valencia, ya que sus técnicos cuentan con la experiencia necesaria para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura y, además, nos ofrecía la oportunidad de, por ser municipio de menos de 5.000 habitantes, obtener una subvención del 40% a fondo perdido», señaló Hernandis.
El PGOU ha salido a concurso público por un montante de 150.000 euros y un plazo máximo de ejecución de seis años. «Cuando se realice la concesión», manifestó el alcalde, «estudiaremos a fondo cuáles son los proyectos que realizaremos, se verá si se concede más espacio a la zona industrial, si se usa para el cementerio o si es necesario que recalifiquemos terrenos». Así pues, el futuro urbanístico es, por el momento, una incógnita.
