Sanciones de hasta 120.000 euros por parte de la autoridad laboral parecen haber puesto fin a los años en que algunas cooperativas agrícolas y comercios privados contaban durante la campaña con un 70 u 80 % de trabajadores contratados vía Empresas de Trabajo Temporal (ETT). El secretario comarcal de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT, Robert Barberà, reveló ayer que el sindicato ha interpuesto en los últimos tres años 32 denuncias por el abuso de esta práctica de contratación en cooperativas y comercios de la Ribera, que han derivado hasta el momento en cinco sanciones, dos a cooperativas y tres a comercios privados. Barberà cifró en 120.000 euros la sanción más elevada, aunque evitó dar nombres ya que, según dijo, los afectados han recurrido y todavía no son firmes.
«Son denuncias muy elevadas y algunas empresas han alegado que amenazan su continuidad, pero cuando la Inspección de Trabajo se ve obligada a levantar esas actas es porque ha visto un uso fraudulento, ha habido un abuso y se ha transgrendido la buena fe contractual. No queremos que se ponga en duda la viabilidad de ninguna empresa, sino que cambien su conducta, ya que hay cooperativas en las que más del 70 % de la plantilla que tienen en plena campaña corresponde a trabajadores de ETT. No hablamos del inicio, el final o puntas de una o dos semanas, sino de cuatro o cinco meses, lo que dura una campaña», incidió Barberà, mientras advertía de que las empresas que se enfrentan a este tipo de sanciones ya han logrado con anterioridad un beneficio por recurrir a estas prácticas fraudulenas «que seguro que ha sido mayor», auguró.
Barberà también indicó que empresas que habían alcanzado niveles de contratación vía ETT tan altos se encuentran ahora en torno al 15 % y que ya no queda ninguna gran firma. «Estamos viendo que hay una reconversión y las que siguen, algunas pequeñas, seguirán teniendo denuncias», dijo.
El dirigente comarcal de la Fitag realizó estas declaraciones tras la manifestación protagonizada por delegados de UGT en Alzira para denunciar el uso fraudulento de las ETT en el campo, la alta siniestralidad -«cualquier accidente laboral es evitable», subrayó- y protestar por los cambios normativos «que no han creado empleo, han destruido el mercado laboral y desregularizado las condiciones de los trabajadores en nuestros sectores».
La manifestación fue el preámbulo de la XI asamblea comarcal de delegados de la Fitag de la Ribera Alta, la Costera y la Canal de Navarrés. Esta federación agrupa empresas tan importantes como la cooperativa de Algemesí Copal, Coagri, Ultra Congelados la Ribera (antigua Frudesa), SOS, Cohoca o Sor Ibérica, entre otras. La asamblea se celebra anualmente al inicio de la campaña citrícola, si bien en esta ocasión se ha adelantado ligeramente al ser un año de negociación del convenio colectivo.
Robert Barberà defendió que la llegada de Cristina Moreno a la dirección general de Trabajo ha supuesto una actuación más decidida para luchar contra la contratación fraudulenta a través de ETT.
El concejal de EU en el Ayuntamiento de Alzira, Ivan Martínez, se sumó a la protesta y recordó que desde que entró en el gobierno, la delegación de Promoción Económica no colabora con las ETT. El edil anunció que el ayuntamiento exigirá más valentía a la Generalitat y al Gobierno central en las inspecciones de estas empresas y su supresión.
