El Ayuntamiento de Favara ha puesto a la venta un grupo de garajes en una finca de Cheste. La propiedad, de 500 metros, pertenece a la localidad ribereña como consecuencia de una transacción inmobiliaria fallida, en la que estas plazas de aparcamiento ejercían como aval de la operación. Una orden judicial obligó al consistorio a hacerse con éstos, pero los gastos que supone mantener la posesión se han traducido en lo que el equipo de gobierno califica como «sangría económica».
Favara ya no quiere tener entre sus posesiones los 500 metros en cocheras en una finca situada en la Plaza de España de Cheste. El motivo de esta titularidad fue la venta fallida de una parcela en la zona de «Les Hortes». Cuando el comprador urbanístico no pudo hacer frente al pago, como consecuencia, Favara no tuvo más remedio que adquirir, orden judicial inclusive, estas cocheras ya que eran el aval en caso de no cobrar la parcela vendida.
En este sentido, el equipo de gobierno de la localidad considera que mantener la titularidad de estas cocheras, ubicadas a más de cuarenta kilómetros del término municipal, «supone un coste demasiado elevado y cree incoherente mantener la propiedad de un inmueble que puede sangrar económicamente al pueblo de Favara», debido a los gastos que genera la propiedad.
Por ese motivo, la alcaldesa, Oro Azorín, ha tenido que desplazarse hasta Cheste para poder reunirse con el presidente de la finca en cuestión en un intento de »velar por los intereses de los ciudadanos» de la localidad de la Ribera Baixa. Durante este tiempo, se han efectuado todas las actuaciones necesarias para poder realizar los pagos del IBI, y de los gastos de la finca que están obligados a abonar por ley, como propietarios de los garajes.
Por ese motivo el que el ayuntamiento está realizando todas las gestiones necesarias para poder poner a la venta esta infraestructura y lograr, cuanto antes, un comprador. En ese sentido, la propia administración local ha insistido en que mantener la posesión a su nombre «solamente puede suponer una carga económica para las arcas municipales, ya que como propietario que es el ayuntamiento, hay que responder del pago del IBI, de la luz, del seguro de responsabilidad de la finca, de las reparaciones de la fachada y del tejado y otra serie de gastos», ha explicado.
