La Guardia Civil ha realizado seis registros domiciliarios en Alzira, Llaurí y Gandia para desmantelar una organización criminal dedicada a la estafa de productos cítricos en toda la provincia. En la operación, conforme adelantó ayer Levante-EMV, han sido detenidas siete personas, a las que se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, insolvencia punible, contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que varias personas habían sido victimas de estafas en relación con la venta de naranjas. Hasta el momento se ha podido localizar a 150 perjudicados, aunque la cifra podría superar los 300 afectados en toda Valencia. Asimismo, la estafa por cítricos podría estar cerca de los 4 millones de euros.
Al avanzar las investigaciones, los agentes pudieron identificar a un grupo de personas que podría estar dedicándose a la compra-venta de naranjas de manera fraudulenta. Fruto de estas pesquisas, la Guardia Civil puso al descubierto un entramado de empresas que estaba realizando contratos fraudulentos con agricultores dedicados al cultivo de cítricos con la intención de estafarles.
Durante los registros se han intervenido 13 vehículos, multitud de joyas y dinero en efectivo y se han bloqueado varios bienes inmuebles. Todo lo incautado podría tener un valor cercano a un millón de euros, según ha explicado la propia Benemérita.
Compra de terrenos
El cabecilla de la organización conseguía mediante otro integrante de la misma, normalmente un corredor de naranjas, la adquisición de numerosos campos de estos cítricos durante la campaña agrícola para ponerlas a la venta a un precio superior al del mercado.
Posteriormente, mediante un entramado empresarial la organización ocultaba los beneficios obtenidos de la venta de naranjas dejando a dichas empresas en situación de insolvencia mediante concurso de acreedores, consiguiendo se esta manera no ser detectados cuando eran denunciadas por los agricultores por los impagos.
Al cargo de las empresas se encontraban dos personas que eran los que controlaban la ejecución de dichas empresas (aunque estaban en la sombra, y no ejercían legalmente ningún cargo). Asimismo, la organización contaba con testaferros que eran los que tenían la titularidad de las empresas para intentar ocultar la identidad de los que realmente realizaban los hechos.
Especialistas de la Guardia Civil han podido constatar que dichos hechos delictivos se han desarrollado en años anteriores, concretamente durante el transcurso de la temporada 2013-2014.
Los siete detenidos, de edades comprendidas entre los 28 y los 52 años y de nacionalidades española, armenia y rumana, fueron arrestados dentro de la llamada operación «Scalibur», dirigida y coordinada por el Juzgado de Instrucción número cinco de Sueca.
