«En los últimos años hemos realizado un seguimiento y nos hemos entrevistado con el ayuntamiento, nos hemos dirigido a la conselleria, pero parece que nadie se ha tomado en serio que el poblado de Berfull no se derrumbe definitivamente». La secretaria de la Comisión de Legado Patrimonial del Consell Valencià de Cultura, Glòria Marcos, aprovechó el pleno celebrado el lunes en Algemesí para alertar del grave deterioro que presenta este conjunto medieval que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y dar cuenta del acuerdo adoptado semanas atrás en esta comisión por el que el CVC se ofrece a mediar entre las instituciones y los titulares para buscar una solución que evite la desaparición de este antiguo poblado morisco ubicado en el término municipal de Rafelguaraf.
«El problema de una declaración de BIC es fundamentalmente el uso posterior, tiene que haber alguien que se encargue de la protección y el ejemplo más evidente de que la declaración de Bien de Interés Cultural por sí misma no libra a nadie de su destrucción es el poblado de Berfull, es uno de los problemas de la actual Ley de Patrimonio», comentó Glòria Marcos a Levante-EMV, mientras detallaba que ha visitado en tres ocasiones este recinto amurallado y alertaba de que el proceso de degradación amenaza ya con ser irreversible. «Se trata de un BIC y hay que protegerlo, cómo se concilian los intereses públicos y privados es una cuestión de las instituciones», comentó esta integrante del Consell Valencià de Cultura, mientras señalaba que a esta entidad sólo le queda ofrecerse para mediar en busca de un acuerdo que evite el hundimiento total de este singular recinto amurallado en el que a lo largo de una calle se localizan 23 viviendas, una casa señorial y una iglesia.
El poblado de Berfull es una propiedad privada. Las familias López Medrano Villar de Saavedra y Cerveró de Miquel ofrecieron al ayuntamiento la donación de este conjunto a principios de la década aunque después de cinco años sin que se pudiera materializar la cesión en escritura pública al tratarse de una propiedad compartida por un amplio grupo de herederos -algunos titulares habían fallecido y, por otra parte, había herencias pendientes de adjudicar-, el ayuntamiento acabó renunciando a la misma. El anterior alcalde de Rafelguaraf también argumentó en su momento que los propietarios habían asumido que el conjunto era suyo, por lo que al mismo tiempo que el ayuntamiento notificaba su renuncia a la cesión, también remitía un requerimiento de la dirección general de Cultura que recordaba la obligación que tienen los titulares de conservar los bienes y que el incumplimiento de ese deber podía habilitar a la Generalitat Valenciana a una ejecución subsidiaria e incluso a una expropiación.
