Ha pasado un mes desde la retirada de las polémicas cámaras para combatir las infracciones de tráfico en el cruce de las calles Ramón y Cajal y Antonio Lloret de Alberic y la sensación que queda entre los vecinos es que éstas se instalaron por un afán recaudatorio del ayuntamiento y que no hubo motivos relacionados con la seguridad vial. Al menos, así es como lo ve Iniciativa per Alberic (IxA). La formación local se atribuye el mérito del paso atrás dado por el consistorio respecto a los radares urbanos, que dejaron de funcionar tres meses después de que comenzara la campaña. Además, insiste en el malestar que este sistema generó en la población por los centenares de multas impuestas y por las supuestas irregularidades en su gestión, que el propio partido elevó al fiscal.

El proyecto «sólo se puede explicar desde un punto de vista única y exclusivamente recaudatorio», interpreta IxA, que atribuye al mismo dos tipos de problemáticas para el pueblo: «Sólo ha servido para crear malestar entre las personas que se han visto inmersas en un proceso sancionador irregular y sin ningún sentido. Además, lejos de servir esta medida para controlar y pacificar el tráfico, el proyecto ha sido una verdadera ruina para los ciudadanos que han tenido que pagar, al menos 100 euros; y para el ayuntamiento, que tendrá que hacer frente al pago de la instalación de las cámaras y del servicio prestado por la empresa adjudicataria».

«La retirada por parte del ayuntamiento de los conocidos fotorrojos nos da la razón y deja en evidencia el equipo de gobierno», afirma la formación, que se atribuye la retirada de las cámaras: «Gracias al trabajo de nuestro grupo municipal, el proyecto de monitorización de tráfico y control de la circulación vial, los conocidos fotorrojos, han pasado a mejor vida», asevera.

Las cámaras, que se instalaron este pasado verano en el mencionado cruce por considerarse un punto negro, llegaron a registrar 800 infracciones en una única semana, mayormente de vehículos que ignoraban los semáforos en rojo. De hecho, en declaraciones a este diario, el alcalde reconoció que no se tenía intención de sancionar a los vecinos, pero que se decantó por hacerlo ante la gran cantidad de conductores que no respetaban la señalización.