El juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa iniciada con la querella del empresario alcireño José Andrés Asunción que denunció un presunto amaño en la adjudicación del vertedero de Llanera de Ranes. La magistrada Susana Company entiende que del resultado de la investigación «no se aprecia la existencia de indicios racionales de la perpetración de ningún delito». El auto llega tras declarar como investigados el expresidente del Consorcio de Residuos (COR), Vicente Parra, diversos responsables de las empresas que conforman la UTE Vytrusa (FCC y Dimesa) y los técnicos municipales propusieron adjudicar el concurso de la basura de cinco comarcas a esta sociedad.
La empresa del querellante, Promourbem, SL, tenía un acuerdo con una de las licitadoras que optaba al contrato, Urbaser, para desarrollar la planta de residuos en unos terrenos de su propiedad, adquiridos en término de Llanera y declarados por la Generalitat como aptos para acoger un vertedero. Pero Urbaser perdió la licitación, la operación prevista no fraguó y la constructora de Alzira sufrió «un evidente perjuicio económico».
El archivo de la causa no es definitivo y admite recurso. El auto subraya que la querella «parte de un hecho erróneo perfectamente aclarado en la instrucción» que la juez atribuye a un «malentendido» del denunciante. «No es cierto „defiende ésta„ que existiera un informe de los técnicos de la Generalitat a favor de la adjudicación a Urbaser y que se pidiera un informe externo emitido ilegalmente y de manera anómala en base al cual resultó adjudicataria Vytrusa». En realidad, la comisión técnica del COR propuso la oferta de esta UTE como ganadora con el visto bueno mayoritario de sus integrantes, pero con el voto particular contrario de los dos técnicos de la Generalitat que la conformaban.
Aunque la juez considera que «una parte sustancial de la querella resulta desvirtuada» por este error, a continuación examina la cuestión nuclear que motivó el procedimiento: si la adjudicataria ganó el contrato valorado en 416 millones de euros porque pagó «un precio ilícito» y no porque presentó la mejor oferta.
El denunciante declaró en el juzgado que Ramón Lis, un exsocio de Alfonso Rus implicado en el caso Taula y fallecido antes del procedimiento, le pidió 3 millones de euros a cambio de «arreglarlo todo» y que la oferta de Urbaser ganara el concurso. «Yo hablo con los políticos y esto se resuelve», le dijo Lis, según su testimonio. Esta proposición se habría efectuado en el marco de un encuentro en un restaurante de Almansa, después de una supuesta discusión entre el propietario de Promourbem y el presidente del COR Vicente Parra que éste último negó ante la jueza.
