El proceso extraordinario de regularización de inmuebles realizado por la Dirección General del Catastro ha detectado en Alzira un total de 3.215 construcciones con alguna alteración no declarada que, en base a los datos provisionales -hay reclamaciones contra las nuevas liquidaciones pendientes de resolver-, se traducirán en unos ingresos para el ayuntamiento de más de dos millones de euros vía Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que la administración puede requerir la diferencia entre el importe de la contribución urbana pagado y el derivado de la nueva valoración de los últimos cuatro años.
El área de Hacienda estima en cerca de 700.000 euros anuales el aumento de la recaudación por IBI tras este proceso de regularización extraordinario, si bien la merma derivada de una sentencia del Tribunal Supremo que provocará que algunos suelos que antes tributaban en urbana vuelvan a hacerlo como rústicos, estimada en el caso de Alzira en 120.000 euros, y de aquellas alegaciones que puedan ser atendidas por el Catastro, llevan a realizar una estimación conservadora que cifra los ingresos en torno a dos millones de euros, según explicó el concejal de Hacienda, Albert Furió. El presupuesto municipal de 2017 únicamente contempla una previsión de 800.000 euros derivados de esta actualización de la realidad física de los inmuebles.
Las 3.215 viviendas regularizadas en base a los datos provisionales representan el 8,25 % del censo inmobiliario de Alzira -el Catastro revisó un total de 38.923 inmuebles en la capital de la Ribera Alta- y se trata mayoritariamente de inmuebles urbanos, si bien también hay algunas construcciones rústicas, según fuentes municipales.
La ampliación de viviendas sin declarar es el tipo de fraude más generalizado con un 43 % de los casos, mientras que un 20,35 % corresponde a viviendas de nueva construcción, 18,25 % a reformas, un 13,19 % a piscinas, un 5,12 % a cambios de uso y un 0,03 % a obras de rehabilitación.
La Dirección General del Catastro remitió a finales del año pasado miles de notificaciones a vecinos de Alzira tras este proceso de regularización extraordinario en el que una de las fuentes de información que se utilizan son imágenes aéreas. En los casos en que se había detectado alguna alteración no declarada en el inmueble se exigía el pago de una tasa de 60 euros.
El concejal de Hacienda, Albert Furió, se limitó a comentar que el actual gobierno no cuestiona este proceso de regularización, pero señaló que fue el PP el que solicitó al Catastro que lo realizara en el anterior mandato. «Este gobierno tiene que aceptar todo lo que hizo el anterior dentro de la legalidad, ni más ni menos, pero no se nos puede atribuir lo que no hemos hecho nosotros», comentó.
