El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica se llevaron por delante una gran cantidad de proyectos urbanísticos. Tras años de crecimiento a base de ladrillo y cemento, todo acabó abruptamente. Una década después, la situación repunta y son cada vez más las constructoras que se animan a recuperarlos o reiniciar los planes. En ese contexto se encuentra en estos momentos Carcaixent con respecto al denominado Sector Nord. El ayuntamiento ha suspendido de manera provisional una sentencia contra el agente urbanizador para negociar una solución a uno de esos proyectos fallidos: un PAI de unos 150.000 metros cuadrados, aproximadamente, que preveía la adecuación de los terrenos cercanos a Decathlon y Burger King con la intención de preparar la zona con el objetivo de atraer nuevas tiendas y restaurantes.
El proyecto viene de muchos años atrás, concretamente de antes de la crisis. El plan de expansión de Carcaixent contempló el desarrollo por la zona norte de la ciudad. La inauguración del centro comercial Ribera del Xúquer en 2005 significó el arranque de un ambicioso proyecto que pretendía convertir la zona en un referente comercial de la comarca. La creación de una amplia zona de ocio y tiendas comenzó entoces a coger forma.
La aprobación del PAI implicó que varios propietarios aportaran parte de sus terrenos para sufragar en todo o en parte los costes de urbanización, otros los vendieron a intermediarios y , en definitiva, se sentaron las bases para transformar cerca de 150.000 metros en el solar sobre el que se pudieran edificar naves para la llegada de nuevos comercios. Una de esas operaciones inmobiliarias se planteó con el Ayuntamiento de Carcaixent y fue la que provocó un contencioso entre ambos. «Básicamente, ellos estaban interesados en una parcela que era del ayuntamiento, pero una vez llegada la crisis, dijeron que ya no la querían y que no pagarían por ella; por eso se inició el pleito», resume el edil de Urbanismo, Vicent Albelda. A priori, «era una operación que, como muchas de la época, suponía una inversión para los propietarios que sería rentable a corto plazo», reconoce el concejal, pero la burbuja estalló y el sector permanece inacabado.
Interés común
El contencioso administrativo entre Carcaixent y el urbanizador ha continuado durante años y ahora una sentencia tiene la clave del posible desbloqueo del PAI. Por ese motivo, el ayuntamiento ha solicitado la suspensión provisional de la resolución judicial, para tratar de desatascar la situación. «Es posible que la sentencia imposibilite el proyecto, por eso hemos pedido que la publicación se alargue durante sesenta días para negociar un poco más y lograr una solución que satisfaga a todas las partes», asegura Albelda.
El propio concejal reconoce la necesidad que tienen tanto el ayuntamiento como el urbanizador de alcanzar un acuerdo: «Todos estamos interesados en que se acabe el proyecto ya que hay una gran cantidad de particulares que se pueden ver perjudicados, mucha gente se vio involucrada en el PAI y ahora no tienen dinero, ni huerto, ni solares; ganaríamos todos», asevera Vicent Albelda.
