El caso, que llevó a declarar al que fuera presidente del Consell Agrari de Sueca Salvador Gil en calidad de investigado, fue archivado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Sueca el 5 de octubre de 2016. No obstante, ahora la Audiencia Provincial ha considerado que queda patente la contradicción entre lo exigido por las bases y la decisión tomada, por lo que considera necesario que continúen las diligencias.

Lazos familiares

Al mismo tiempo, también se ha descubierto que la plaza resultó adjudicada a un candidato casado con la sobrina de uno de los investigados, quien también prestaba sus servicios en el Consell Agrari de Sueca como coordinador y formaba parte del Tribunal que resolvía el concurso como técnico del Departamento, por tanto no es descartable, según indica el auto, la posible concurrencia de un delito.

En un primer momento, la administración local atribuyó su decisión a un "error de transcripción" a la hora de elaborar las bases la inclusión de dicho requisito y que, por tanto, era totalmente innecesario poseer el carné C+E, que habilita para conducir camiones articulados de gran tonelaje. Principalmente, se alegaba que el Consell Agrari carecía de vehículos que necesitaran dicho permiso. Aun así, la parte denunciante presentó un recurso que incidía en su argumentación inicial basada en que uno de los dos seleccionados para las vacantes incumplía las normas, rechazando en ese sentido la tesis del error.

La Fiscalía consideró que no hubo dolo en la actuación municipal, pero ahora ha sido la Audiencia Provincial la que ha pedido que se estime el recurso presentado tras entender que existen contradicciones entre los requisitos que se marcaron en la convocatoria y la elección que se realizó a posteriori, donde el resto de candidatos sí cumplía con lo demandado. Con todo, la Justicia ha decidido que se abra el juicio oral, revocando la resolución concurrida, para que en su lugar, se dicte la resolución prevista en el artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.