Las prácticas del urbanismo más salvaje siempre tienen consecuencias. Pero sus responsables rara vez quieren asumirlas. Sobre todo si son económicas. Buena prueba de ello se pudo observar en la sesión de ayer del juicio a la trama ilegal que construyó decenas de chalés en Montroi: Nadie hizo nada y nadie quiere pagar nada. Es el caso de las aseguradoras, que también dejaron clara su intención de no hacerse cargo de las indemnizaciones.
Como ya adelantó Levante-EMV, el ayuntamiento fue una de las partes implicadas en el caso que mostró su negativa a cargar con la responsabilidad civil. El consistorio trata de evitar que el proceso se convierta en un nuevo episodio de un rancio y repetido serial que llevaría como título «El dinero público sale al rescate de las chapuzas privadas». De hecho, el ayuntamiento cuestiona que tenga que costearlas por diversos motivos. El principal, a su entender, es que la trama de compraventa de viviendas ilegales que afecta a las urbanizaciones de Las Palomas, L'Hospitalet, Les Valletes, Los Corrales y Pla Galán es un asunto que atañe a particulares, es decir, a las empresas y clientes que realizaron las transacciones.
Poco más o menos ocurre con las compañías de seguros. El ayuntamiento, como cualquier administración pública, empresa o particular, tiene sus pólizas de seguros y cuenta con una cobertura de responsabilidad civil general, que, en principio, podría hacer frente a los daños generados por uno de los representantes del consistorio, en este caso, el exalcalde Francisco Javier carrión, uno de los dieciséis confesos. Desde 2003, año en que la constructora empieza a vender chalés y parcelas a jubilados extranjeros, son varias las empresas que han asegurado al ayuntamiento. Pero ninguna está por la labor de hacerse cargo, bien porque creen que no es su responsabilidad o bien porque su relación con el ayuntamiento es más reciente y, por tanto, consideran que no les corresponde pagar las posibles indemnizaciones ya que no tenían contrato con la administración en aquella época.
