Los indicadores económicos cerraron el último año con un cambio de tendencia que apunta el final de la larga crisis, pero 2017 tampoco ha sido el año de la recuperación del sector inmobiliario en Alzira. Al menos, así se desprende de la recaudación municipal derivada del impuesto de obras y construcciones (ICIO), que se hundió un 25 % respecto del ejercicio anterior, que ya venía a la baja tras el espejismo en que ha quedado el repunte del año 2015.
A falta de la liquidación final del presupuesto, el ayuntamiento contabilizaba en diciembre unos ingresos de 159.612,06 euros por el impuesto de obras, que quedan muy lejos de la previsión de 240.000 euros realizada a principios de año, según los datos facilitados por el área municipal de Hacienda. Se trata además de una cantidad infinitamente inferior a lo que recaudaba el consistorio en los años del «boom» inmobiliario.
Cabe recordar que sólo en 2007 ingresó más de 3,3 millones de euros por licencias de obra, si bien es cierto que con posterioridad tuvo que devolver el importe de algunas de ellas por la paralización de promociones que se habían diseñado en Tulell. Se trata de la mayor área de expansión urbana de Alzira ya urbanizada que, si bien ha generado suelo para la construcción del nuevo instituto, el recinto ferial o la implantación de la firma Aki, se encuentra con un nivel de ocupación ínfimo desde el punto de vista residencial -tiene cabida para alrededor de 7.000 viviendas- y acumula ya prácticamente una década sin que se haya tramitado ninguna licencia para nuevas promociones.
Esta parálisis del sector no es exclusiva de Tulell, ya que un paseo por la ciudad permite constatar que la actividad constructora prácticamente se reduce al sector Hort de Galvañón con un goteo de viviendas unifamiliares, mientras que no se detecta ningún bloque o finca nueva.
La recaudación municipal por obras se hundió en los primeros años de la crisis tras tocar techo con esos 3,3 millones de 2007, y con posterioridad, se han registrado repuntes muy puntuales, primero en 2011 al superar ligeramente la cifra de 400.000 euros y, más tarde, en 2015 cuando, frente a una previsión inicial de 120.000 euros producto de los reducidos ingresos de años anteriores, se recaudaron 242.000 euros.
El ayuntamiento tomó ese dato como referencia en la previsión de ingresos de los dos años siguientes, aunque tanto en 2016 como en 2017 la recaudación efectiva ha sido inferior, especialmente el último año.
A falta de obra nueva, el área de Urbanismo también contabiliza un descenso de las declaraciones responsables -equivalente actual de las antiguas licencias de obra menor que no superan los 6.000 euros y que conlleva el pago de una tasa de 50 euros- ya que en 2017 se registraron 670 frente a las 692 del año anterior.
También bajaron las licencias de obra mayor. El departamento de Urbanismo expidió el año pasado 73 licencias por obras de nueva construcción o ampliación, tres por derribo y cuatro por reformas en edificios catalogados, lo que suma un total de ochenta, mientras que el año pasado se contabilizaron 101. En base a los datos del área de Hacienda, el consistorio también concedió en 2017 otras 110 licencias por obras de canalizaciones, movimientos de tierra, rehabilitación de edificios no catalogados o vallado, explicó el edil de Hacienda, Albert Furió.
El gobierno municipal ha reducido a 200.000 euros la previsión de ingresos por obras en el presupuesto de 2018, ya que en los dos últimos años no se han cumplido las expectativas. Albert Furió, no obstante, comentó que se percibe que la actividad en el sector empieza a remontar y se confía en poder superar a lo largo de este año esa cantidad estimada. Los constructores locales ya habían alertado recientemente que la actividad se centra principalmente en la reforma de viviendas ya que aún queda un «stock» de la vivienda acabada que dejó la crisis por vender.
