El Ayuntamiento de Cullera ha anulado el convenio que le obligaba a gestionar la urbanización del denominado Manhattan de Cullera, un macroproyecto que se diseñó con 33 edificios de hasta 25 alturas y dos hoteles de 40 plantas junto a la desembocadura del Xúquer. El acuerdo, que fue suscrito entre el consistorio y la Generalitat en 2003 y ratificado en 2004, cuando el hoy encarcelado ex conseller Rafael Blasco dirigía la política territorial del Consell, queda ahora sin efecto con la intención de que la iniciativa privada asuma esa tarea e impulse con celeridad las obras para salvar la resistencia, o cuanto menos el recelo, que ese PAI despierta en algunos departamentos del actual Consell. Los políticos locales y autonómicos evitan con la renuncia aparecer como promotores de un plan urbanístico que siempre ha sido controvertido.

Todos los partidos aprobaron el martes por la noche la propuesta del gobierno local (PSPV-PSOE/Compromís), para desvincularse de la gestión directa del PAI de la Bega-Port. Para el ejecutivo cullerense, ceder la urbanización del Manhattan a empresarios ligados a la propiedad de algunos de los valiosos solares de la zona no trae más que ventajas. En primer lugar porque aliviará la todavía maltrecha economía del ayuntamiento (el PP legó a los actuales dirigentes una deuda multimillonaria) y después porque la gestión privada es infinitamente más agil que la farragosa administración pública, única vía que garantizará cumplir el calendario impuesto por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que obliga a iniciar la construcción del Manhattan antes de cinco años. De no cumplirse este plazo, el terreno volverá a ser rústico. Todas las alegaciones que Cullera presentó contra el Pativel han sido tomadas en consideración.

El ayuntamiento desea fervientemente construir el Manhattan pero evita meterse en el avispero de su urbanizacion. Dejará que sean los empresarios quienes tomen la iniciativa y ahorrará a las arcas úblicas mucho dinero. El concejal Juan Vicente Armengot anunció en la sesión plenaria del martes un pacto que evita que sean los cullerenses quienes costeen los casi 1,9 millones de euros que el EIGE (antiguo IVVSA) reclamaba al consistorio en concepto de honorarios por la redacción de proyectos. «Esta cuantía se repercutirá al futuro agente urbanizador y a los propietarios del sector», aclaró Armengot.

«El PP embarcó a este ayuntamiento en una aventura irresponsable porque no podemos asumir la promoción de un PAI de esta envergadura», admite el alcalde de Cullera, Jordi Mayor (PSPV).