La clasificación del Hort de Redal y el conjunto de la Pera como zona verde estructural y la vinculación a la misma de las nuevas áreas de crecimiento previstas en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alzira abren la puerta a que el ayuntamiento recupere con el tiempo los 12,4 millones que pagó por la expropiación de estos terrenos, un desembolso que ha lastrado la economía municipal.
La concejal de Planificación Urbanística, Sara Garés, destacó que la declaración de nuevo del Hort de Redal como zona verde, un terreno que forma parte del Anell Verd que diseña el ayuntamiento y que actualmente tiene la clasificación de suelo no urbanizable, es una de las novedades de la revisión del PGOU que el tripartito tiene previsto aprobar en los próximos días después de que la oposición lo tumbara en el último pleno al contar con mayoría por ausencia por enfermedad de dos concejales del gobierno municipal. Garés señaló a su vez que la reciente aprobación de la ordenanza que regula el registro de transferencias de aprovechamientos urbanísticos abre la puerta a unos mecanismos de gestión que evitarán que el importe de expropiaciones que el ayuntamiento se ha visto obligado a pagar queden como un pago a fondo perdido.
El consistorio ha incluido en la revisión del plan como zona verde estructural los 178.755 metros cuadrados de la Pera -todos los terrenos que lindan con el barranco de la Casella hasta el Pont de Xàtiva- y, a su vez, ha adscrito los futuros desarrollos urbanísticos a este parque fluvial de forma que, cuando se urbanicen sectores como el Pla de Corbera o la partida del Cementerio, las nuevas áreas residenciales que el plan contempla junto al Hospital de la Ribera o el Hort de Galvañón, entre otras, los promotores deberán adquirir la zona verde de la Pera, lo que se traducirá en ingresos para las arcas municipales bien en efectivo o en solares en las nuevas áreas de desarrollo.
Cabe recordar que el Hort de Redal se clasificó como zona verde en el PGOU de 1985, lo que obligaba al ayuntamiento a expropiar los terrenos en los ocho años siguientes, aunque ninguna corporación lo hizo y el propietario acabó por exigirlo agotados todos los plazos. Los tribunales le dieron la razón y fijaron en 12,4 millones el justiprecio por esta finca. La anterior corporación llegó a un acuerdo para fraccionar el pago que se prolongaba hasta 2020, aunque con posterioridad, ante las dificultades para afrontar las cuotas anuales en los años de la crisis y la posibilidad de reducir los intereses estipulados, concertó un préstamo de 7,7 millones para liquidar la deuda de golpe.
El nuevo PGOU devolverá al Hort de Real la consideración de zona verde estructural de forma que, según explicaron fuentes municipales, transforma «un gasto en una inversión» y permitirá recuperar en la medida que se desarrollen las nuevas áreas de crecimiento -la vigencia de un plan se estima entre diez y veinte años- todo el importe abonado por el Hort de Real o incluso más, según las estimaciones de los técnicos.
La transferencia de aprovechamiento es una técnica de gestión urbanística que permite a la Administración adquirir suelo que el planeamiento destina a dotación pública sin abonar un justiprecio, pero autorizando al propietario a materializar el aprovechamiento de ese terreno en una parcela distinta, agregándolo al que ya tenga esa segunda parcela. El aprovechamiento o metros de techo de terrenos ya expropiados también se inscribe «con luz y taquígrafos», según fuentes municipales, en este registro y el ayuntamiento lo puede vender.
