El Tribunal de Cuentas de Madrid ha decidido trasladar a la fiscalía «las presuntas irregularidades en materia de personal» como consecuencia de la municipalización que el ejecutivo de Algemesí comandado por Marta Trenzano acometió a principio de legislatura con el equipo de limpieza de los centros educativos. Sin embargo, en el equipo de gobierno rige la tranquilidad ya que en su momento rectificó su intención inicial de prestar el servicio de forma directa y ahora ya está en manos de una empresa privada. Así lo ha hecho constar al tribunal. El proceso empezó a finales del año 2017, cuando el Partido Popular de Algemesí denunció públicamente que el equipo de gobierno había decidido no prorrogar el contrato con la empresa encargada de la limpieza de los colegios públicos, asumir el servicio y subrogar a las siete trabajadoras. Lo hizo con los informes negativos de los departamentos de Contratación, Personal, Intervención y Secretaría.
Al igual que sucedió en Alzira (con el intento de municipalizar las plantillas de la radio y la piscina) los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno advirtieron a los pocos días de que se trataba de «un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública», porque «en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio», decía el informe. Instaba al ayuntamiento a anular el acuerdo en un plazo de 30 días. Así lo hicieron y, pese a la opinión contraria de algunos de los miembros del equipo de gobierno, se decidió volver a poner en manos del mundo empresarial privado el servicio de limpieza. «Iba contra nuestro parecer porque externalizar el servicio al ayuntamiento le cuesta 30.000 euros más que si pagásemos nosotros a las mujeres de la limpieza», argumentó ayer el concejal de Personal, Asensio García. El procedimiento para adjudicar el servicio, sin embargo, se prolongó durante varios meses por diferentes problemas burocráticos y la Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso administrativo.El Grupo Municipal del Partido Popular de Algemesí remitió el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid, al considerar que las trabajadoras, «a fecha de hoy y desde el 1 de noviembre de 2017, están dadas de alta en la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento de Algemesí, algo completamente ilegal que pone en riesgo su seguridad jurídica y su estabilidad laboral, a causa de una alcaldesa y un equipo de gobierno negligentes», en palabras del portavoz del PP, Vicent R. García Mont.
«Asumir responsabilidades»
El pasado 20 de marzo de 2018, el Tribunal de Cuentas remitió una célula de notificación donde, dadas las «presuntas irregularidades en materia de personal» daba la oportunidad al Ayuntamiento de Algemesí de presentar alegaciones en el plazo de 5 días, a fin de proceder al «archivo de las presentes actuaciones o el nombramiento de Delegado Instructor para la práctica de diligencias». «Nuestra contestación ha sido mostrar la buena voluntad que tuvimos desde el principio, como hemos demostrado con la definitiva adjudicación del servicio. Creemos que lo tendrán en cuenta y archivarán todo este proceso», adujo Asensio García.
El Tribunal de Cuentas volvió a notificar que daba traslado al Ministerio Fiscal. «Sacar nuevamente el pliego a licitación para dejarlo todo como estaba no exime de las presuntas irregularidades cometidas, por lo que, el problema al que se refiere la alcaldesa lo han generado ella y su equipo de gobierno, así que ahora toca asumir las responsabilidades que se deriven», dijo ayer el Partido Popular.
