La Asociación de Agencias Inmobiliarias de Cullera (ASIM) considera «muy preocupante» que el propietario de una agencia que no está ligada a esa agrupación gremial haya sido acusado de estafar en casi 300.000 euros a un matrimonio de ancianos que le confió la gestión de dos de sus inmuebles. ASIM condena los hechos y lamenta que se saltaran los códigos deontológicos de la profesión pese a ser conscientes de que «la vivienda es la inversión más importante que hace una familia española en toda su vida».

La Fiscalía solicita hasta 7 años de cárcel para los acusados de la estafa. Los dos ancianos fueron encontrados en un piso de València en un lamentable estado higiénico y de salubridad. El dueño de la inmobiliaria y su expareja se apropiaron de más de 51.500 euros de las cuentas bancarias de los jubilados y de todos sus inmuebles. Incluso lograron que una notaria aceptara cambiar su testamento para convertirse en beneficiarios. El fiscal ha solicitado la nulidad de los actos jurídicos firmados así como la restitución de los bienes del matrimonio.

Condena y repulsa

La asociación de inmobiliarias se constituyó hace más de 5 años entre los más reconocidos profesionales del sector. El presidente del gremio, Óscar Pellicer, ha manifestado «la total repulsa y condena» del colectivo «por las prácticas que ha llevado recientemente una inmobiliaria de la localidad que no pertenece a la asociación».

ASIM subraya que «dispone de un código deontológico aprobado en asamblea general que determina que el asociado está obligado a informarse de la legislación que afecte los intereses que le han sido confiados, a conocer las condiciones de los mercados, a no aceptar ninguna misión que sobrepase su área de experiencia, y a informarse de todos los hechos esenciales de las propiedades que le han sido encomendadas».

ASIM reclama a sus asociados «que den muestras de moderación y prudencia y no pongan nunca en peligro la situación de los clientes proteja los intereses legítimos de sus clientes»». Los agentes inmobiliarios de Cullera esperan que casos como el sucedido «no pueden volver a ocurrir. No se puede aprovechar de la falta de conocimiento de personas mayores y sus circunstancias para privarles de sus bienes más preciados».