Los productores independientes de caquis se agruparán para combatir las prácticas abusivas de algunos comercios y tratar de consensuar con aquellos que trabajan con seriedad unas bases que ofrezcan al agricultor seguridad de cobro y un trato digno. El descontento generalizado al no aplicarse en las transacciones de caqui un contrato que regule las fechas de recolección, la obligación de pesar la fruta frente a las estimaciones por cajón siempre a la baja, los niveles de calidad de forma que el propietario sepa qué calibres se dejan por recoger o la forma de pago, ha generado un movimiento que arrancó en Alginet y que, tras agrupar en pocas semanas a cerca de 500 personas en una red de mensajería instantánea, el miércoles reunió en Alberic a 150 agricultores de diferentes pueblos de la Ribera. Todos apoyaron la propuesta de unir fuerzas para revertir una situación que no gusta a nadie a través de una asociación que defienda sus intereses. La apuesta de los promotores por dar un paso más y constituir también una SAT que permita «negociar de tú a tú con el comercio» generó algunas dudas y obtuvo un respaldo más moderado. Con todo, se acordó convocar una asamblea constituyente de la asociación en la que, con los asistentes debidamente identificados, se puedan adoptar acuerdos.

«Queremos rentabilidad, seguridad y poder dormir tranquilos, queremos dignidad». Con estas palabras cerraba Walter Llácer, uno de los promotores de este movimiento, la asamblea de Alberic . Con anterioridad, había dejado clara la necesidad de «ir de la mano» con los comercios serios para tratar de expulsar a aquellos que, con sus prácticas, hunden los mercados año tras año y perjudican tanto a productores como a exportadores. «Se trata de sentarnos a hablar y llegar a un acuerdo antes de cortar los árboles. Nosotros les hacemos falta y ellos a nosotros porque son nuestros representantes en los mercados europeos y mundiales», comentó, mientras señalaba que el agricultor necesita «un contrato que nos dé una seguridad a la hora de saber a quién entregamos nuestra cosecha».

Abdón Machí, otro de los promotores, comentó que en base a las consultas realizadas, la figura jurídica que mejor permitiría defender los intereses de los agricultores es una SAT, aunque algunos de los asistentes se mostraron reacios. Machí defendió que la mejor protección del agricultor es «un contrato bien hecho» pero lamentó que pese a que la conselleria ya tiene un modelo, «nadie lo ha movido». En la asamblea hubo críticas a los sindicatos agrarios por no haber forzado la aplicación de ese contrato.

La Unió mostró ayer su apoyo a la creación de una figura legal colectiva que agrupe y organice a los productores de caqui de la Comunitat Valenciana.