La Ribera ha sido uno de los lugares señalados por el terror de Euskadi Ta Askatasuna -País y Vasco y libertad- (ETA). La banda dejó su huella en la comarca con el secuestro del empresario alcireño Luis Suñer en enero de 1981, la supuesta colocación de un artefacto explosivo que obligó a cerrar la playa de Cullera en agosto de 2002, la detención de Aitzol Maurtua en Algemesí en mayo de 2006 o la muerte del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de 2008, tras haber estado destinado seis años en Llombai. Un legado de sufrimiento desmedido con decenas de personas afectadas directa o indirectamente por el terrorismo y varias generaciones de ciudadanos y ciudadanas marcadas para siempre por la persistencia de la violencia política en sus vidas. Cinco décadas de extorsiones y asesinatos que finalizaron el pasado 4 de mayo con la disolución de su lucha armada. Claudicaron, admitieron su derrota y se diluyeron como un mal sueño en la historia de España. No obstante, su adiós no tendrá un efecto inmediato en la sociedad. El recuerdo todavía sigue vivo en muchas familias y, sin duda, el adiós no quedará impune para aquellos que representaron la heroicidad, sin callar y plantando cara al miedo.
La cicatriz continúa abierta. Como en Alzira, con un rapto que se convirtió en cuestión de Estado. Luis Suñer poseía en los ochenta una de las principales fortunas del país y el gobierno de UCD lo hizo público con un listado de empresarios que mayores beneficios habían obtenido. La pujanza de sus negocios puso al fundador de Avidesa en el centro de la diana de ETA y el 13 de enero siete personas irrumpieron en el despacho de la factoría número 3 de la compañía, arrancaron los teléfonos y se llevaron al industrial ribereño. Era el primer secuestro que la banda terrorista realizaba fuera del País Vasco a una personalidad ajena al mundo de la política, y el suceso mantuvo en vilo durante tres meses a los vecinos y vecinas de la ciudad. Finalmente, Suñer fue liberado el 13 de abril en Alberite, un pueblo situado a ocho kilómetros de Logroño, después de que la familia abonara 325 millones de pesetas que salieron de la sede central del Banco de España en Madrid. Billetes que fueron introducidos en una bolsa y lanzados desde un tren nocturno de largo recorrido en un lugar pactado con los terroristas. La mañana del 14 de enero, llegó a Alzira en un automóvil de la Guardia Civil donde fue aclamado, después de haberse realizado una manifestación semanas atrás en defensa de su liberación.
Falsa alarma y una detención
ETA también intentó provocar una crisis en el turismo de Cullera con una amenaza de bomba en la playa, tras una llamada al diario vasco Deia. Los avisos obligaron a acordonar la zona y vetar el acceso al público hasta que los artificieros verificaron que se trataba de una falsa alarma.
En Algemesí, un vecino de la calle Cardenal Martí avisó a la policía de la presencia desde hacía varios días de un vehículo Renault 19. La matrícula del coche, demasiado vieja para el modelo, y un ejemplar del periódico Le Monde en su interior, levantaron sus sospechas. El agente que acudió al lugar solicitó información y comprobó la falsedad de la placa identificativa. Mientras esperaba refuerzos, dos jóvenes se aproximaron al turismo con la intención de entrar en él y cuando se les solicitó su identificación, se dieron a la fuga. Aun así, a pocos metros, uno de los dos miembros de la banda, Aitzol Maurtua, fue reducido con la ayuda de un residente que presenció la persecución, mientras que el acompañante consiguió huir. El detenido tenía antecedentes por violencia callejera y pretendía atentar contra algún objetivo en la costa. Además, en su coche encontraron cables, productos químicos,una pistola y dos colchonetas, obligando a los Tedax a desguazar el vehículo y desactivar el posible artefacto.
El último episodio que salpicó a la comarca se produjo en la Casa Cuartel de Legutiano (Álava), donde asesinaron a Juan Manuel Piñuel, un guardia civil que había estado destinado durante seis años en Llombai y había pedido hacía dos meses el traslado voluntario. Tras su muerte, el consistorio ribereño convocó una concentración en la que se realizaron cinco minutos de silencio y se leyó un manifiesto de condena por el atentado que acabó con su vida.
