La dirección general de Cultura y Patrimonio requerirá al actual responsable del Monasterio de Santa María de Aguas Vivas, en este caso el administrador concursal, «la urgente protección del inmueble», sometido en el último año a sucesivos robos pese a estar protegido por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), si bien ante la falta de respuesta a un requerimiento anterior también ha decidido actuar de oficio para impedir nuevas entradas furtivas que agraven el deterioro del antiguo convento agustino fundado en el siglo XVI, según informó ayer la conselleria. Las mismas fuentes indicaron que, en los próximos días, técnicos de los Servicios Territoriales de València se desplazarán a la Barraca «para diseñar una actuación de urgencia que impida el acceso de los ciudadanos al BIC y evite que siga expuesto a posibles expolios».
La Generalitat aplicará el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Valenciano que establece que cuando los propietarios o poseedores de bienes incluidos en el Inventario General no realicen las actuaciones precisas para el cumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento, la conselleria podrá, previo requerimiento a los interesados, «ordenar su ejecución subsidiaria por la propia Administración, siendo el coste íntegro de dichas actuaciones con cargo al obligado».
La preocupación por los sucesivos robos e intentos de expolio que ha sufrido el Monasterio de la Barraca en el último año propició que, a instancias de los ayuntamientos de Carcaixent y la Barraca, la semana pasada se celebrara una reunión con representantes de la Conselleria de Cultura -también estuvo presente el Ayuntamiento de Alzira- de la que surgió el compromiso de actuar para «blindar» el edificio de forma respetuosa y frenar el expolio, según explicó el alcalde de Carcaixent, Paco Salom. Se da la circunstancia de que, apenas dos días después de esa reunión, la Policía Local de Carcaixent interceptaba y detenía a cuatro individuos que habían accedido al edificio y se disponían a robar algunos enseres como cuadros, televisores y cortinas.
No es la primera vez que las fuerzas de seguridad abortan un robo. En diciembre, la Guardia Civil también cogió «in fraganti» a cinco encapuchados que se habían introducido en el edificio. Las llamadas de los vecinos del entorno alertando de movimientos sospechosos en el monasterio se han multiplicado. El antiguo convento permanece cerrado desde hace aproximadamente dos años y medio después de que la empresa que gestionaba la sala de banquetes entrara en concurso de acreedores y, con posterioridad, cesara su actividad.
