La nave arrasada por las llamas en un incendio declarado hace más de una semana en el término municipal de Sollana -que aún no ha sido apagado- fue clausurada en enero de 2015 por el ayuntamiento de la localidad, tras confirmar una infracción grave por incumplir los permisos con los que contaba la empresa. La clausura llegó después de una sanción económica impuesta por la conselleria de Medio Ambiente, que abrió un expediente a la firma explotadora en agosto de 2014.
Los dos procedimientos legales iniciados por las administraciones tienen un nexo común: la empresa tenía permiso para acumular madera y derivados para su posterior tratamiento y revalorización, pero en la nave se almacenaban todo tipo de residuos. Plásticos y metales también eran apilados en sus instalaciones y ahora llevan diez días ardiendo y dejando un posible rastro contaminante en una zona circundada por arrozales y cercana al parque natural de l'Albufera.
Julio de 2014
Los primeros indicios de problemas en la gestión de materiales ejecutada en la nave industrial siniestrada se remontan a julio de 2014, cuando el ayuntamiento envió un escrito a la Dirección General de Medio Ambiente en el que se comunicaba el inicio de un expediente sancionador contra la firma responsable.
Un mes después, se inició un proceso por incumplimiento de la autorización sectorial de gestión de residuos y en diciembre de ese mismo año la Generalitat dictó una resolución de expediente sancionador que obligaba a la empresa a cancelar la entrada de residuos no autorizados y a entregar los materiales de este tipo ya almacenados a un gestor autorizado. También se requería el depósito y traslado de todos los restos que llevaran más de dos años en la nave, trabajos que se realizaron de forma parcial. La firma presentó varios recursos y acabó en concurso de acreedores. Las instalaciones fueron clausuradas a principios de 2015.
Acelerar el operativo
Desde hace más de una semana- todos los materiales están siendo consumidos por el fuego y los bomberos aún trabajan en la zona. Los efectivos del dispositivo de extinción cubren turnos dobles, que comienzan a las cinco de la mañana y finalizan a las diez de la noche. La intención es acelerar un dispositivo que se estima que podría tardar un mínimo de veinte días. Los restos son retirados por una retroexcavadora y refrescados de forma constante. El principal problema es una posible contaminación y se realizan mediciones constantes.
