El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el que fuera alcalde y presidente del Consell Agrari de Sueca, Salvador Gil, tras hallar indicios de un presunto amaño en una oposición en la que se adjudicó el contrato a una persona que no cumplía los requisitos y era familiar de un miembro del tribunal. El caso, que ya le llevó a declarar en calidad de investigado, fue archivado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Sueca, después de considerar que no hubo dolo en la actuación municipal, no obstante la Audiencia Provincial pidió la reapertura del caso tras entender que existen contradicciones entre los requisitos que se marcaron en la convocatoria y la elección que se realizó a posteriori, donde el resto de candidatos sí cumplía con lo demandado. Y es que la entidad convocó un concurso público en 2007, en el que uno de los aspirantes que logró imponerse no cumplía las condiciones establecidas, concretamente la de poseer el carné de conducir C+E.
Con el tiempo, las pesquisas también permitieron descubrir que la plaza resultó adjudicada a un candidato casado con la sobrina de uno de los investigados, quien también prestaba sus servicios en el Consell Agrari de Sueca como coordinador y formaba parte del tribunal que resolvía la oposición como técnico del Departamento, por lo que no es descartable, según indica el juez, la posible concurrencia de un delito.
En un primer momento, la administración local atribuyó su decisión a un «error de transcripción» a la hora de elaborar las bases, y aseguró que era totalmente innecesario poseer el carné C+E, que habilita para conducir camiones articulados de gran tonelaje. Principalmente, se alegaba que el Consell Agrari carecía de vehículos que necesitaran dicho permiso. No obstante, la parte denunciante presentó un recurso que incidía en su argumentación inicial basada en que uno de los selecciones para las vacantes incumplía las normas, rechazando en ese sentido la tesis del error.
Segunda defensa
De poco sirvieron los argumentos aportados por la parte acusada, ya que ahora el exalcalde Salvador Gil tendrá que declarar ante el Juzgado de lo Penal de València, órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, después de que hayan considerado que queda patente la contradicción entre lo exigido por las bases y la decisión tomada, por lo que considera necesario que continúen las diligencias. Los lazos familiares y la falta de cumplimiento con las obligaciones para superar la prueba son las razones a las que se acogen los denunciantes, mientras que Gil, junto con el resto de miembros que formaron parte del tribunal y que tomaron la decisión de otorgarle el puesto a un familiar, se aferrarán a un error de transcripción y a la falta de importancia del carné C+E.
