La falta de financiación y las promesas incumplidas por los sucesivos gobiernos de la Generalitat han dado la puntilla al proyecto de la residencia Sant Judes, una infraestructura destinada a paliar la falta de plazas sociales en Alzira y la Ribera y cuya construcción seguía pendiente desde hace doce años. La Asociación de familias de personas con discapacidad intelectual de Alzira y la comarca (Adispac) ya ha devuelto al ayuntamiento la titularidad del solar que iba a albergar el edificio una vez expirado el plazo previsto para ejecutar las obras. En la parcela, situada en una esquina de la Plaça Sant Judes, asoma ahora la vegetación y quedan visibles varios carteles informativos sobre el frustrado proyecto. Son testigos mudos de una iniciativa condenada por la desidia de las administraciones públicas.
Xavier Cantera fue director de Adispac y aún colabora con la junta directiva. Ha vivido en primera persona el día a día del fallido proyecto: «Nunca lo habríamos promovido sin las promesas de los diferentes consellers y directores generales de Bienestar Social, palabras que nunca vinieron acompañadas por la financiación necesaria para materializarlo».
Y apunta que las intenciones de la agrupación no han cambiado: «Nosotros contamos con un proyecto técnico que hemos ido adaptando a cada normativa vigente y que está aprobado por Bienestar Social. Podríamos cederlo si las administraciones quisieran construir la residencia. Solamente tendrían que abonarnos los recursos que hemos destinado, que suman 138.387 euros. Nunca hemos querido ganar dinero. Lo que hemos buscado siempre es que Alzira contara con esta residencia tan necesaria».
También lamenta el trato preferente que sí han recibido otros programas similares: «En los últimos años hemos visto como sí se apoyaba una red de residencias geriátricas de gestión privada en la Comunitat Valenciana, mientras que para un proyecto liderado por una organización sin ánimo de lucro no había dinero. Nosotros hemos tenido usuarios que se han ido a un recinto de la tercera edad al no poder ofrecerles una plaza».
Cantera también recordó que en un primer momento se quiso adaptar el inmueble existente, pero las deficiencias arquitectónicas lo impidieron: «El consistorio se encargó de la demolición y nos dejó un espacio diáfano. Es una pena que durante estos años no hayan llegado los apoyos económicos que necesitábamos».
Inversión de 2,4 millones
En el proyecto técnico, al que ha tenido acceso este periódico, se estima que la inversión necesaria para edificar esta residencia con 29 plazas para discapacitados intelectuales rondaría los 2,4 millones de euros. Se estructuró un edificio que constaba de cuatro plantas y un ático, además de un casetón de 50 metros cuadrados. La planta baja se destina a servicios y administración, mientras que los residentes se hospedan en las tres primeras plantas del proyecto. La cuarta planta acoge una vivienda tutelada para discapacitados intelectuales autónomos y en el ático se ubican diferentes servicios. La superficie construida es de 1.808,55 metros cuadrados, lo que se traduce en 1.409 útiles.
Ahora, el proyecto de la residencia Sant Judes vuelve al punto de partida. Todo empieza de cero.
