Parece que la historia llega a su fin para la planta de basura sanitaria que una empresa privada planteó poner en marcha en el polígono de la Garrofera de Guadassuar. Después de años de litigio y de oposición frontal de los vecinos de los municipios colindantes, la dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana ha denegado de manera definitiva la autorización ambiental integrada para la activación, frustrando las intenciones de la mercantil TMA Grupo Sánchez, con sede en Sant Cugat del Vallés. La desestimación del proyecto convence tanto al nuevo equipo de gobierno de Guadassuar, encabezado por Salvador Montañana (Compromís), como a los municipios limítrofes.
La iniciativa empresarial se inició con el beneplácito del anterior ejecutivo de Guadassuar que dirigía José Ribera. El asunto acabó en los tribunales pero poco después se reemprendió con un proyecto multiplicado por cinco. Para ello fue necesario que el ayuntamiento clasificara el polígono industrial de la Garrofera como espacio destinado a acoger industrias altamente contaminantes. Una calificación que permitió a la empresa reactivar en 2015 un plan congelado más de una década para poner en explotación una planta de productos peligrosos en unas instalaciones que estaban ya por entonces construidas desde hacía años. El proyecto buscaba la autorización para el tratamiento anual de 3.800 toneladas de desechos hospitalarios y medicamentos y productos cosméticos caducados, con una inversión prevista de dos millones de euros.
Sin embargo, el plan tuvo problemas desde el principio por los impedimentos urbanísticos que acompañaron desde su nacimiento en el parque empresarial de la Garrofera por los pleitos entre Guadassuar y l’Alcúdia. De hecho, en la segunda localidad se levantó al día siguiente del anunció de las pretensiones de la empresa un movimiento ciudadano contrario que rápidamente se expandió entre los vecinos de Benimodo, Massalavés y Alberic, que llegaron ha presentar 4.000 firmas contra el proyecto. Los alcaldes de l'Alcúdia y Benimodo, Andreu Salom y Francisco Teruel, participaron en la presentación de las alegaciones contra la planta de residuos sanitarios y otros residuos peligrosos, acompañados también por el concejal de Medio Ambiente de l'Alcúdia, Paco Sanz; la representante de la Plataforma Stop Residuos Peligrosos, Elisa Puchol; y los redactores de las alegaciones, el abogado Jose Luis Romero y el ecologista Carlos Arribas. La cercanía con el casco urbano de Montortal y la Acequia Real crearon alarma. Además, consideraban que la situación urbanística era un requisito imprescindible, y si bien el anterior Ayuntamiento de Guadassuar le otorgó la compatibilidad urbanística al polígono de la Garrofera, la realidad se transformó, ya que materialmente el suelo no se podía considerar como urbano industrial, sino como no urbanizable, puesto que el polígono no está urbanizado ni disponía de agua potable, alcantarillado, accesos o estación depuradora. El cambio político acontecido en 2015 supuso una modificación de las relaciones entre l’Alcúdia y Guadassuar, gracias a que el nuevo alcalde guadasuarense, Salvador Montañana, no mostró excesivo interés en seguir con la consideración del polígono industrial, lo que imposibilitaba el desembarco de empresas con productos peligrosos.
