El 9 de septiembre pasará a la historia de Alzira y de la Comunitat Valenciana como una fecha ignominiosa, en la que fueron ametrallados 30 presos republicanos que intentaron escapar de la prisión provisional que las fuerzas franquistas de ocupación habían habilitado tras su detención.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de septiembre, sobre la 01,30 horas, cuando un grupo de unos 50 presos intentó huir de la prisión donde muchos de ellos esperaban solo el cumplimiento de su condena, una condena que para la mayoría era el pelotón de fusilamiento. A esa hora, más o menos, el grupo de presos intentó escapar. Para ello, se había planeado una acción conjunta con elementos armados de la comarca. Un primer grupo atacó la vivienda del jefe militar de la plaza, el comandante Juan Alcover Castañer, de 40 años de edad y natural de Soller, situada en la zona de la Montanyeta, que se defendió lanzando varias granadas contra los atacantes; mientras, frente a la prisión, los centinelas disparaban sus fusiles. Uno de ellos resultó gravemente herido.
Todo ello se realizó según lo previsto, pero lo que no sabían los asaltantes, y según se desprende de la documentación consultada, era que las fuerzas estaban prevenidas, debido a las confidencias de algunos compañeros de los presos, aunque no se sabía a ciencia cierta el día exacto de la acción.
El grupo de presos intentó huir, corriendo en masa hacia la puerta de la prisión. El teniente de Guardia, Jacinto Herrera García, de 25 años y natural de Zamora, que había sido despertado por los tiros que se realizaban desde el exterior, y ante el intento de fuga, ordenó que la ametralladora que se encontraba en la puerta abriera fuego contra el grupo después de que los presos se negaran a retirarse de la puerta de salida, según su propia declaración. El soldado Desiderio López, natural de Verin (Ourense), afirmó posteriormente que los presos se lanzaron contra la verja, pretendiendo unos abrirla y otros saltarla, por lo que el teniente dio la orden de fuego, barriendo la ametralladora las proximidades de la verja.
La utilización indiscriminada de la ametralladora, situada en un lugar estratégico, provocó la muerte inmediata de 26 reclusos; otros 4 fueron heridos de gravedad muriendo pocas horas después. En su informe, los oficiales franquistas se vanagloriaban de que nadie había podido huir.
Asesinato tras asesinato
La mayoría estaban condenados a muerte. La sentencia la esperaban de un día a otro, habían experimentado el sufrimiento y la incertidumbre con las frecuentes sacas en la prisión de Alzira. El 1 de mayo se habían fusilado a 26 presos; el 11 de mayo a 25; el 31 del mismo mes a 19; el 12 de julio a 25; después del intento de huida, el 4 del mes de octubre se fusiló a 17 encarcelados y el 31, a 14. El 28 de noviembre de 1939 se produjo la última saca masiva, ese día 19 enjuiciados fueron fusilados ante un pelotón. Cabe señalar que las fuerzas franquistas, después de la ocupación de los últimos resortes de la zona republicana, establecieron en cada capital de comarca juzgados militares que de manera inmediata iniciaron la depuración y enjuiciamiento mediante la aplicación ilegal del código de Justicia Militar. En Alzira se ejecutó a un total de 194 presos republicanos, a la mayoría se les había condenado bajo el eufemismo de auxilio a la rebelión, cuando era más que evidente que los que se habían rebelado contra el poder legalmente establecido eran esos militares que ahora aplicaban la justicia militar en el nuevo estado dictatorial encabezado por el general Franco.
La mayoría de los masacrados era de Alzira, 17 en total: Manuel Hidalgo Moragues, José Casterá Gimeno, Antonio Gil Vives, Rafael Melero Moreno, Bernardo Albentosa Almela, Bernardo Corts Soler, José Timor Blay, Tomás Roig Hervás, Ricardo Fontana Sifre, Salvador Perepérez Bordes, Bernardo Andrés Fabra, Baltasar Asensi Crespo, Bernardo Carrascosa Crespo, Bernardo Pérez Marimón, Fernando Ull Manuel, José Alcina Lorente, Vicente Alós Sansaloni y Luís Larreda Perepérez; 3 eran de Simat de la Valldigna, uno de ellos había sido alcalde, Rafael Ferrando Alario, Bautista Borras Solera y Pedro Cid Jimeno; 1 de Carcaixent, José Franco Canet, y otro de Guadassuar, Vicente Cervera Esteve; de los otros 7, Bautista Sayol Llorens, Adrián Arenas Alcolea, Rafael Moliner Expósito, Agustín Pelufo Alós, José Brotons Viñes, Julio Tarín Cortés y Vicente Gómez Ricarte, se desconoce su procedencia. En el informe que libraron las autoridades militares, se justificaba la existencia de esta tentativa de huida, en el hecho de que en la zona «predominaba la población roja, y en la existencia de organizaciones revolucionarias masónico-marxistas, acaso todavía en embrión, dirigidas a encauzar y controlar la numerosa escoria roja, dejada sin control por nuestra guerra victoriosa?».
Otras fugas y justicia franquista
Ante los continuos fusilamientos, pudiera parecer normal que se produjeran estas intentonas de fuga. Había miles de prisioneros que esperaban con ansiedad la conmutación de la pena por la justicia franquista o que el jefe del Estado diera el visto bueno a las sentencias que le presentaba el teniente coronel Jurídico Martínez Fuset. El General, a pesar de la inmensa complejidad de los problemas que en cada momento tiene que resolver, escuchaba atento e inmóvil el relato de cada sentencia. Después de una brevísima meditación, dictaba su fallo, en palabras del que Paul Preston llama el adulador más grande de todos, el general Millán Astray, fundador de la Legión, que en su superlativa adulación al dictador, se permitió decirle: «Mi general, he de manifestar mi admiración al contemplar cómo administras la justicia y cómo se manifiesta tu corazón tan generoso y tan cristiano y tan español».
Ya antes de este hecho, el general Aranda, capitán general de Valencia, militar al mando de las tropas que ocuparon la ciudad, transmitía al ministro del Ejército en un telegrama que ya había habido otros sucesos similares, uno en Albacete con 3 muertos y otro en Segorbe con la evasión de un preso. La seguridad era deficiente ya que nada más terminar la guerra se hubo de improvisar esta especie de prisión en un antiguo almacén que pudiera albergar a los cientos de detenidos de la comarca. Se encontraba cerca de la calle Gandia y, con los meses se le puso el nombre de Cárcel del Distrito, La Fortaleza, aunque esto no fue impedimento para que los intentos de escapada continuaran, uno de ellos con éxito, el que protagonizó el antiguo secretario de la colectividad de Simat de la Valldigna, y después segundo alcalde, Bautista Ferrando, que durante la salida que realizaba diariamente para depositar la basura, junto a varios centinelas, salió corriendo hacia los naranjos, sin que estos pudieran alcanzarle. Murió meses después en la montaña, siendo enterrado en una cueva, sin poder darle sepultura en la población hasta décadas después.
Otro hecho similar ocurrió meses después, a finales de octubre de 1940 en Gandia. Decenas de presos intentaron fugarse de la cárcel de las Escuelas Pías sin éxito. El resultado final fue el juicio sumarísimo y posterior fusilamiento de 20 jóvenes que estaban encarcelados en dicha prisión. Uno de ellos, en su declaración ante el juez militar afirmó textualmente, que el ambiente existente era tal que «todos cuanto ingresan en esta compañía se les ha de aplicar la última pena, los reclusos existentes en ella tenían la constante idea de ver por qué medio conseguían la evasión».
No hubo, pues ,misericordia para los perdedores, la Justicia Militar de los rebeldes se cebó implacablemente con los vencidos de la contienda, utilizando para ello los resortes legales de una manera completamente kafkiana, acusándoles de auxilio a la rebelión, lo que en el código de Justicia Militar significaba simplemente la condena a muerte. Muchos fueron sometidos a juicio por Juzgados Militares, en los que imperaba la rapidez y la falta de cualquier medida magnánima.
Y ahora, como decía W. Benjamin a los historiadores, nos toca hablar en nombre de los muertos.
