Más de 240 familias de Alzira figuran inscritas en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana para optar a una casa o piso «que puedan pagar». Esta base de datos computa casi otro centenar de familias que piden una vivienda «asequible» en l'Alcúdia y Carlet, según fuentes de la Oficina Comarcal d'Habitatge (OCH), un servicio de la Mancomunitat de la Ribera Alta que ha gestionado las altas de los únicos tres municipios adheridos que, además, disponen de viviendas de gestión pública con fines sociales, en el caso de Alzira de propiedad municipal mientras que en Carlet y l'Alcúdia fruto de convenios con promotores o particulares. La OCH no es la única puerta para inscribirse en el registro autonómico, aunque no todas las personas que puedan necesitar una vivienda disponen de los medios ni todos los ayuntamientos cuentan con personal que realice la tramitación, por lo que los técnicos consideran que los datos oficiales ofrecen una visión parcial del problema.

La Mancomunitat aprobó el lunes en el pleno celebrado en Tous activar un registro comarcal de demandantes de vivienda de gestión pública que se ofrecerá de forma gratuita a todos los ayuntamientos de la Ribera. «Necesitamos que haya un registro de demandantes de vivienda y no sólo para los tres municipios, porque pensamos a medio y largo plazo, con la perspectiva de que el resto de pueblos se acaben adhiriendo a la OCH. Es cierto que hay un registro en marcha, pero la ley también dice que cada ayuntamiento o mancomunidad puede disponer de su propio registro siempre que haya coordinación con el principal, por lo que no hacemos más que cumplir lo que marca la ley y a la vez facilitar la gestión de la demanda», comentó Mayka Sánchez, directora de la Oficina Comarcal d'Habitatge.

Sánchez señaló que la creación de este registro cumplirá dos objetivos, fundamentalmente. Permitirá disponer de información estadística para poder influir en las políticas de vivienda, urbanismo y suelo en el ámbito local y, en la misma línea, conocer las necesidades de vivienda social y el tipo de demanda para ajustar esas políticas a las necesidades reales.

La directora de la oficina comarcal destacó que las familias inscritas en el registro «están pidiendo una vivienda que puedan pagar», independientemente del origen, sea de titularidad municipal o cedida por algún particular a la Administración para esta gestión pública, con un precio de alquiler por debajo del mercado que cifró entre 150 y 400 euros. Con todo, sólo se inscriben en el registro las familias que cumplen unos requisitos. Mayka Sánchez destacó que gracias a que la OCH ha registado la demanda existente, la conselleria, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha ofrecido un solar en el sector Tulell para que una cooperativa pueda construir 25 viviendas mediante la fórmula de cesión del terreno durante un período de 75 años, como ya informó Levante-EMV. Los requisitos que ha fijado la Generalitat para la adjudicación de estos solares contemplan que un 50 % de los socios cooperativistas deben pertenecer a los denominados colectivos preferentes, es decir, víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menores de 35 años.

La Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana (Fecovi) celebrará esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alzira (18 horas) una jornada informativa sobre esta fórmula de construcción de viviendas en régimen cooperativo mediantela cesión de uso del suelo, dirigida a asociaciones, colectivos sociales y potenciales cooperativistas que puedan estar interesados en participar en el proyecto.