Los grandes proyectos urbanísticos ideados antes de la crisis todavía traen de cabeza a más de uno, incluso una década después. Es lo que ocurre en Corbera, donde algunos propietarios de los terrenos donde se debía ejecutar el PAI del sector Avenida España Noroeste aún se encuentran envueltos en pleitos con el ayuntamiento tras exigirles el cobro de un 5 % del total del proyecto para asumir los costes de la documentación y los trámites burocráticos. Su única exigencia al respecto es hacer frente a dicho pago con sus propias tierras, pero la Justicia les ha negado dicha posibilidad. Todo ello sin que la urbamnización se haya llevado a cabo.
«El PAI, que es de gestión directa, se aprobó en el año 2009», recuerda Vicent, uno de los propietarios afectados, que prosigue: «En aquel momento se decide que seamos nosotros los que hagamos frente económicamente a un proyecto de 2,5 millones de euros». Pero la situación ya no era propicia para llevar a cabo grandes proyectos, como era el caso: se transformaría una amplia superficie de terreno rural en urbanístico y se construiría una gran avenida. Jamás se hizo nada.
«Los terrenos siguen igual que antes, pero pagamos IBI urbana y en el Registro de la Propiedad figura que tenemos los solares, pero lo cierto es que todo son campos abandonados», asegura Juan Carlos, otro de los afectados. «Cuando se hizo público el proyecto nos dimos cuenta de la barbaridad que se estaba cometiendo y empezó nuestro calvario. Pero nuestra batalla no va dirigida a decir si es un proyecto barato o caro, porque depende del mercado. Ojalá se llevara a cabo, pero nosotros únicamente queremos pagar los costes con nuestras tierras, creemos que la ley nos protege, pero la Justicia no», añade a continuación.
De hecho, su demanda contra el ayuntamiento no llegó a buen puerto y varias sentencias han desestimado sus peticiones en los últimos años. Los afectados alegaron a la Justicia que existían «varios actos administrativos carentes de contenido y nulos de pleno derecho». No obstante, el punto que consideraban más sangrante (y uno con los que pretendían impugnar el acuerdo plenario que aprobó el PAI) era que el ayuntamiento había hecho «caso omiso a la solicitud de aplicación del artículo 162.3 de la Ley Urbanística Valenciana», por la que los afectados renunciaban a sus terrenos «a cambio de la compensación económica correspondiente».
Según denuncian, tras varias sentencias en su contra, ya se ha procedido al cobro de una primera cuota que también pretenden impugnar. «Todo esto es un despropósito. Hay gente a la que le han cogido dinero del banco, es una sangría. Aceptamos que nos quiten nuestra finca, pero que no echen mano a nuestro dinero», sentencian indignados.
