El juzgado de instrucción número 7 de Alzira ha abierto una causa por un presunto delito de estafa en la gestión de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent en la que figura como imputado el expresidente de la sociedad, Aurelio Hernández, en su día alcalde de Càrcer y presidente del Partido Popular en la Ribera Alta. El procedimiento se inició en junio a raíz de una querella interpuesta por la actual junta de gobierno, que acusa a Hernández de haber cargado presuntamente gastos personales a las cuentas de la comunidad y de haberse apropiado supuestamente de otros fondos, ya que no ha encontrado documentación que justifique la asignación de ese dinero.
La demanda se apoya en un informe pericial elaborado por un economista que ha detectado que, bajo el mandato de Hernández, que ejerció como presidente entre el 4 de octubre de 2007 y el 26 de noviembre de 2016, se produjeron «disposiciones, tanto en efectivo como mediante cheques, pagarés y transferencias a su nombre, a familiares o a empresas de su entorno (...) de las que no se ha obtenido soporte documental ni justificación de la razón de pago» que ascienden a 138.079,70 euros. Aurelio Hernández declaró como investigado el pasado 14 de noviembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que indicaron que la causa por un presunto delito de estafa sigue en instrucción con la práctica de diligencias. Algunos miembros de su entorno familiar también figuran como investigados en este procedimiento. «Como hay una investigación abierta el juez dirá lo que tenga que decir. Es mentira que falten 138.000 euros, no he robado nada, el juez ya me ha preguntado y lo ha visto clarísimo, si hay algún error lo pagaré, pero soy inocente y punto», proclamó ayer el exlíder comarcal del PP.
Recibos de agua particulares
Hernández aludía como «error» al pago a través de la comunidad de unos recibos de agua de un domicilio particular en València, uno de los cargos sin justificar que recoge el informe pericial, en este caso, por importe de 373 euros. Este documento refleja como gastos «estrictamente personales» de Hernández unos 8.000 euros entre los que destacan las cuotas a la Seguridad Social como autónomo de aproximadamente un año, cinco recibos de agua y gastos de teléfono móvil.
No obstante, el grueso de los 138.000 euros corresponde a «pagarés al portador emitidos e ingresados en cuenta particular o cobrados por ventanilla sin ningún tipo de justificación» -112.200,86 euros, según el texto de la querella-, mientras que el técnico cifra en otros 14.000 euros las disposiciones en efectivo «a cuenta de gastos y gratificaciones» que, según el informe, carecen también de justificación documental «pues no se corresponden a servicios, trabajos, deudas... de la comunidad que justifiquen el pago».
Aurelio Hernández defendió ayer que el pago de sus cuotas como autónomo responde a un acuerdo de la junta de gobierno que, según asegura, también aprobó una serie de gratificaciones. «La acusación no tiene fundamento, es un problema de odio y envidias. No he robado nada, primero porque no me hacía falta y, segundo, porque lo que es mío es mío», comentó, mientras defendía que la comunidad pagara sus facturas de telefonía, independientemente de que el móvil estuviera a nombre de una empresa familiar.
La querella presentada por la comunidad alude a un par de números de teléfono y expresa la «sorpresa» por todos estos cargos ya que, para que la comunidad los hiciera efectivos, previamente se tenían que haber domiciliado.
El informe pericial aportado junto a la demanda constata las «enormes dificultades» del técnico para realizar su trabajo al no encontrar ninguna contabilidad del período 2008-2014, mientras que sí había información de los dos años siguientes aunque, a juicio del perito, «no refleja la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la comunidad».
