La Guardia Civil ha estrechado el cerco en la investigación realizada por el hallazgo de caballos muertos en un barranco de Alfarp, en las inmediaciones del río Magro, tal y como informó en exclusiva Levante-EMV. De hecho, investiga a dos personas por un delito de maltrato animal.
La Guardia Civil de Llombai y el Seprona de València iniciaron este verano la operación «Ecuus» tras la aparición en el barranco y en el Azud de Alfarp de varios caballos muertos. Todos ellos presentaban signos de maltrato animal.
La mayoría de los equinos carecía de chip identificativo, bien porque no se habían instalado o porque se los habían extraído con el objeto de evitar la localización de sus dueños, si bien las gestiones de la Guardia Civil de Llombai permitieron identificar a uno de los dueños de un caballo.
Los agentes averiguaron que el caballo fue vendido fraudulentamente en diversas ocasiones a diferentes propietarios de localidades de València y Castellón, hasta llegar finalmente a dos vecinos de Carlet.
Estas dos personas realizaban compraventas de caballos de forma fraudulenta, es decir, sin hacerlas constar en los registros oficiales, evitando por tanto el pago de los impuestos correspondientes por las transacciones realizadas.
La adquisición de los animales de esta forma suponía para sus propietarios, en el caso de que enfermaran gravemente o falleciesen, un gasto de 300 y 400 euros, el coste de la recogida e incineración de un caballo no registrado y por lo tanto no asegurado.
Las diligencias instruidas han sido entregadas a la Fiscalía del Medio Ambiente de València, según informó ayer la propia Guardia Civil.
Denuncia del ayuntamiento
La primera vez que se detectaron los animales fue en julio, cuando se hallaron tres cuerpos. A éstos se sumaron otros cinco en agosto. El año anterior también se detectaron al menos cuatro cadáveres equinos.
Los caballos se arrojaron al barranco en un vertedero ilegal junto al Magro. Uno de los cinco caballos que se localizaron en agosto se encontraba en mitad de la pendiente del talud. Cada uno de los animales presentaba distintos tipos de descomposición, un claro indicio de que se habían arrojado en momentos distintos. Los que llevaban más tiempo se encontraban al fondo, en un estado tal que se confundían entre los diversos tipos de residuos esparcidos de forma incontrolada. El mismo ayuntamiento interpuso una denundcia ante el Seprona para que se abriera una investigación al considerar que existía un delito medioambiental.
