El pulso que mantienen los vecinos de la urbanización San Bernardo con el Ayuntamiento de Alzira para que éste se haga cargo de un área residencial construida en los años setenta se dirimirá en los juzgados. La negativa del consistorio a asumir la urbanización -únicamente recepcionó los viales y el alumbrado público en 2014- ha llevado a la Sociedad Civil Colonia San Bernardo de la Murta a interponer un contencioso contra diferentes resoluciones que desestiman la recepción de las obras. El juzgado ya ha admitido a trámite un recurso que insta la declaración de nulidad de esos acuerdos y, en última instancia, busca que la Administración asuma todos los servicios como en cualquier otra zona urbana de Alzira.
Los vecinos alegan que desde el momento que el ayuntamiento concede licencias de obra en las parcelas a principios de los años setenta y permite que la urbanización se abra al público hace ya casi 45 años se produce una «recepción tácita» y se considera que las obras están concluidas. El abogado de la sociedad, Joaquín Collado, argumenta que los propietarios «son los perjudicados» ya que, según expone, el ayuntamiento no veló en su momento porque la obras se ejecutaran correctamente «y ahora les exige que arreglen una urbanización mal acabada» cuando no fueron los promotores.
El gobierno municipal ha condicionado en los últimos años la recepción a que las infraestructuras se entreguen en perfecto estado. De hecho, asumió las calles después de que los vecinos costearan el asfaltado, y el alumbrado tras un proceso de renovación gracias a una subvención del denominado Plan Zapatero. Falta por recepcionar la red de saneamiento, en la que una revisión realizada con cámaras detectó hace unos años graves deficiencias que los vecinos han tratado de subsanar. De hecho, el presidente de la asociación, José Goig, ha cifrado en 63.000 euros la inversión realizada en 2018 en estos trabajos, que acaban de finalizar.
La demora por parte del ayuntamiento en recepcionar la urbanización ya provocó que los vecinos elevaran una queja al Síndic de Greuges, que el año pasado emitió un pronunciamiento a favor de esta agrupación de propietarios, independientemente de que para reparar las deficiencias pendientes el consistorio les pasara al cobro cuotas o contribuciones especiales, señalaba en su resolución. El gobierno municipal respondió al Síndic que no podía atender sus recomendaciones ya que, por un lado, entendía que la negociación que mantenía con los vecinos no había concluido y, por otro, al considerar que asumirlas supondría un trato discriminatorio para otras zonas como el Respirall o Santa Marina que, según la respuesta, «se encuentran en la misma situación».
El ayuntamiento alegaba que en un convenio firmado en 2006 la Colonia San Bernardo se comprometía a asumir a su cargo una serie de obras complementarias de la urbanización en un plazo de diez meses aunque, pasado el tiempo, éstas no habían concluido. De hecho, la respuesta que remitida al Síndic en agosto de 2018 alegaba aún no se habían acabado esos trabajos.
