El próximo viernes se cumplirán exactamente siete años y cuatro meses de la resolución por la que la Generalitat Valenciana aprobaba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de La Pobla Llarga, el último hasta la fecha validado por la Administración autonómica en la Ribera. El convencimiento de la necesidad de contar con un documento que contribuya a reducir el riesgo de incendio, minimice los tiempos de reacción en caso de que se produzca y, en última instancia, la peligrosidad del mismo, o el efecto de los requerimientos de la Fiscalía de Medio Ambiente primero y más tarde de la dirección general de Prevención de Incendios Forestales en los que se recuerda a los ayuntamientos la obligación legal de contar con un plan de estas características ha dado en los últimos meses un impulso considerable a la elaboración de estos documentos. No obstante, y pese a que la obligación legal está vigente desde finales de julio de 2005, sólo dos municipios de la Ribera cuentan con un plan de prevención refrendado por la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de Alzira y la Pobla Llarga.
La corporación de Llombai aprobó en el pleno de diciembre el plan local de prevención y, según explicó el alcalde, Anselmo Cardona, el documento se remitió a la Generalitat y está pendiente de la aprobación definitiva. Llombai cuenta en su término con tres enclaves protegidos con la declaración de Paraje Natural Municipal. El Ayuntamiento de l'Alcúdia, por su parte, lo hizo más recientemente y remitió un plan reducido -una posibilidad a la que pueden acogerse 32 pueblos de la Ribera ya que la superficie forestal que poseen no supera las 501 hectáreas- el pasado mes de marzo, detalló el concejal Paco Sanz. Muy probablemente no son los únicos que han completado la tramitación de estos planes en el ámbito municipal, si bien la conselleria únicamente computaba a fecha 1 de abril once nuevos planes en tramitación entre los que no se encuentra ninguno de la Ribera, como ya informó el jueves Levante-EMV. Los planes de Llombai y l'Alcúdia se encuentran en una especie de lista de espera.
Por otra parte, doce localidades de la Ribera han sido beneficiarias de la convocatoria de ayudas de la propia conselleria para propiciar la elaboración de planes locales, que se resolvió en octubre y que contemplaba una asignación de 5.720 euros al municipio de Llombai, que ya tenía avanzada la elaboración del documento. Figuraban en esta relación el Ayuntamiento de Tous con 9.000 euros, mientras que la conselleria otorgaba 6.500 euros al de Catadau, 6.499 euros al consistorio de Guadassuar, 6.400 al de Alfarp, 6.137 al de Sumacàrcer, 5.200 euros para Cullera y otros tantos para Favara, mientras Sellent lograba una ayuda de 5.092 euros, Montroi tenía una asignación de 3.800, Antella de 3.421 y Cotes de 3.327.
Otra docena de municipios se quedaron fuera del reparto al agotarse el crédito aunque, al menos en el caso de l'Alcúdia, ha recurrido a fondos propios para elaborar el plan local de prevención de incendios ya concluido.
Por otra parte, el requerimiento remitido en julio por la Fiscalía de Medio Ambiente tenía entre los destinatarios a seis municipios de la Ribera, entre ellos Alzira, que sí cuenta con un plan desde el año 2010 o Simat de la Valldigna, un municipio que se encuentra en idénticas circunstancias. Ambos contestaron al fiscal valenciano Antonio Vercher que ya disponían de ese documento. Simat, que en la información publicada el jueves apareció entre los municipios que carecen de este documento, cuenta con un plan aprobado desde principios del año 2011. Los otros ayuntamientos de la Ribera a los que, según fuentes de la fiscalía, se remitió el pasado verano esta requerimiento son Algemesí, Càrcer, Rafelguaraf y Turís. El Ayuntamiento de Algemesí, por su parte, contestó al fiscal que no contemplaba la elaboración de un plan de estas características al carecer de superficie forestal.
