Los propietarios del Circuit de la Ribera de Guadassuar reclamarán más de veinte millones de euros al ayuntamiento que en la actualidad comanda Salvador Montañana por los daños y perjuicios ocasionados por el cierre del recinto. Lo harán vía judicial porque se siente agraviados por una clausura que consideran absolutamente «desproporcionada» e «injusta», causándoles numerosas pérdidas económicas por la incapacidad para poder continuar con la agenda programada en las próximas semanas. Sin embargo, el máximo promotor del circuito de motociclismo, Pascal Hidalgo, adujo ayer, en declaraciones a Levante-EMV, que tienen intención de volver a abrir las instalaciones «lo antes posible». Según él, cuentan con una posibilidad administrativa que les podría permitir la reapertura a la espera de las resoluciones judiciales existentes.
Según Hidalgo: «A la vista de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 4 de València, que ha manifestado que el Ayuntamiento de Guadassuar se ha equivocado en la elección del procedimiento de tramitación de la actividad del circuito, he encargado a mis abogados, el inicio de Responsabilidad Patrimonial frente al Ayuntamiento de Guadassuar por el error de éste, calculando provisionalmente por todos los daños y perjuicios ocasionados y por sus consecuencias, una indemnización de más de veinte millones de euros».
Recogida de firmas
A lo largo del día de ayer se difundió una petición de la plataforma digital Change.org (de carácter internacional) que reclama la reapertura del circuito. Si por la mañana eran poco más de mil los firmantes, ya por la tarde se había llegado a los tres mil, por lo que la cifra de solicitudes crecía a una gran velocidad. Se pedían 5.000 firmas para contar con el suficiente apoyo ciudadano contra la decisión del cierre momentáneo aprobada por el ayuntamiento guadasuarense a instancia de los técnicos municipales, que aducen varias irregularidades que impiden el funcionamiento del espacio deportivo. El alcalde explicó a este periódico que mantener abierto el recinto ponía en riesgo la seguridad de las personas asistentes.
En la reclamación digital, los promotores aducen que la eliminación de la línea eléctrica no condiciona el funcionamiento del circuito porque fueron ellos los que decidieron quitarla sin la reclamación de ninguna institución superior. Por lo que hace al aforo, consideran que se confunde, según el informe de la conselleria, los locales de pública concurrencia con los boxes de uso privativo en el circuito de Guadassuar.
