El Ayuntamiento de Alzira contabiliza en los últimos dos años y medio alrededor de 120 denuncias de vecinos contra la mujer expedientada por acoger a más de sesenta mascotas -mayoritariamente gatos- en un chalé de la partida de Vilella, según reveló el concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, en un debate electoral celebrado en la emisora municipal Alzira Ràdio, en el que incidió en que la propuesta de sanción de 25.000 euros está regulada por una ley autonómica y que, en base a la infracción que se le atribuye -ejercer la actividad de refugio o albergue sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental- podría haber llegado a 250.000 euros.
El representante de Compromís en el debate, el concejal Albert Furió, comentó que la propuesta de sanción es el final de un procedimiento que se arrastra desde hace más de dos años y dijo haber constatado el malestar que provocaba en el vecindario un número de mascotas a su juicio «excesivo» ya que, ejerciendo durante el verano de alcalde accidental, en una semana acudieron al ayuntamiento «quince vecinos muy enfadados y lo entiendo». «Me parece excesivo tener tantos gatos. Si están bien cuidados y en buenas condiciones no hay problema, a lo mejor es que no estaban en buenas condiciones», reflexionó el edil.
El representante de Ciudadanos, Miguel Ángel Ferre, no dudó en valorar como «exagerada» la propuesta de sanción, mientras el candidato de l'Esquerra, Ivan Martínez, reivindicó la creación de un refugio temporal de animales gestionado por la Mancomunitat tras asumir que para acumular tal cantidad de animales se precisa de una autorización.
Por su parte, Nadia Isabela Ciurcea, la propietaria de los gatos, ha buscado asesoramiento jurídico y se dispone a presentar alegaciones con el objetivo último de dejar sin efecto la posible sanción. Ciurcea tiene previsto acudir mañana al ayuntamiento con abogados para revisar el expediente. Los juristas que ha consultado han detectado irregularidades en la tramitación y notificación del procedimiento y pretenden recurrir un acto administrativo que consideran «anulable». En última instancia, no dudan en señalar que la propuesta de imponer una sanción de 25.000 euros es «desproporcionada».
